Caamaño: “A las familias afectadas se les ha ofrecido toda la colaboración”

La Senadora María José Rodríguez pregunta al ministro por las medidas impulsadas desde Justicia

Madrid, 7 de junio de 2011. María José Rodríguez, senadora socialista por la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha intervenido esta tarde en el Pleno del control al Gobierno para preguntarle al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por las medidas que está impulsando desde su Departamento para ayudar a las familias víctimas de robo de niños y para restituir la verdad de lo ocurrido.

En el inicio de su intervención, la senadora socialista ha asegurado sentirse sobrecogida “al comprobar la cantidad de casos que han ido engrosando el escándalo del robo de niños en nuestro país mediante un patrón muy similar y extendido prácticamente por toda la geografía”.

Los orígenes de estos episodios, en opinión de la portavoz socialista, no son ajenos al régimen dictatorial que asfixió a este país tras la Guerra Civil. “Cuadra el arranque de esta macabra historia –ha añadido- con la doble moral franquista, con el prejuicio y la intolerancia y cuenta también, cómo no, con la injerencia de una parte de la Iglesia católica”.

A continuación, ha referido que, aprovechando la indefensión de muchas familias de extracción humilde, con escasos recursos económicos y educativos que se confiaban a profesionales, en ocasiones investidos de autoridad espiritual, “cientos de recién nacidos en numerosos hospitales de nuestro país fueron sustraídos a sus familias bajo el pretexto de una muerte tan inesperada e inexplicada, como falsa”.

Seguidamente, la senadora socialista ha resaltado que cientos de familias, bien porque albergaban alguna duda, bien porque, a la luz del escándalo, han revisado su propia historia y han descubierto alteraciones en partidas de nacimiento o cosas peores, “han ido apareciendo, desvelando un oscuro episodio que quieren y queremos que se esclarezca mediante la acción de la justicia”.

Finalmente, conocedora de que el ministro ha tenido la oportunidad de reunirse con la plataforma que engloba a los afectados, la senadora ha destacado que, fruto de ese encuentro, “a las familias afectadas se les ha ofrecido toda la colaboración que pueda servirles en un asunto en el que, no obstante, serán los tribunales los que han de dirigir y encauzar los procedimientos en cada caso y en los que las fiscalías provinciales están actuando”.

En su turno, el ministro de Justicia ha mantenido que su Departamento, “desde un principio, ha sido especialmente sensible con este asunto pues se trata de unos hechos que pueden revestir muchísima gravedad y que por tanto han de ser esclarecidos. Desde el primer momento -ha agregado-, nos pusimos en contacto con el Ministerio Fiscal, acto seguido nombramos como representante del Ministerio a una persona que hace de enlace y mantiene un diálogo permanente con las asociaciones y plataformas”.

Gracias a todo ello, Caamaño ha indicado que, a día de hoy, se ha despejado el problema de acceso a los registros públicos, unificando criterios en materia de protección de datos y se ha aprobado un protocolo para que en el Instituto Nacional de Toxicología se puedan realizar las pruebas de ADN que soliciten los fiscales o los jueces y sobre las mismas crear una base de datos para contrastar aquellas informaciones genéticas que sean necesarias a los efectos de su investigación.

En sus últimas palabras, el ministro ha subrayado que “hemos puesto a disposición de todas las personas afectadas, allí donde tenemos competencia para hacerlo, unas oficinas de atención para que no sólo inf...