De la Vega señala que el Gobierno solicitará un informe del Consejo de Estado para reformar la Ley Electoral

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Ejecutivo pedirá el próximo 27 de junio un informe al Consejo de Estado para "abordar el debate y la reflexión" sobre la modificación de la ley electoral.

El Gobierno no ha dado detalles sobre esta reforma, ni sobre qué aspectos concretos consultará al Consejo de Estado, y la vicepresidenta sólo dijo que se evaluará la posibilidad de aplicar

cambios "que hagan posible, atendiendo siempre al mayor acuerdo posible, seguir avanzando en calidad democrática".

De la Vega expuso las prioridades legislativas de su departamento ante la Comisión constitucional del Senado --al igual que hizo en mayo en la del Congreso-- y expresó el compromiso del Gobierno con que el Parlamento tenga un papel central en la democracia y con la reforma de la Cámara Alta para potenciar su naturaleza de Cámara de representación territorial.

El Ejecutivo, dijo, no renunciará a este objetivo que fue imposible en la anterior legislatura y animó a la Cámara a presentar una propuesta de reforma "que cuente con el consenso necesario" tomando como base el informe que hizo el Consejo de Estado sobre la reforma Constitucional en la anterior legislatura.

Así, aseguró que para ello el Ejecutivo está dispuesto a facilitar en lo posible el consenso y recordó que ya dio pasos para potenciar el carácter territorial del Senado al reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que las Comunidades Autónomas, a través de la Cámara Alta, participen en la elección de los miembros del TC.

RENOVAR YA EL CONSTITUCIONAL

De la Vega recordó que el propio TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad que habían planteado los 'populares' y aprovechó para subrayar que la renovación del TC es una "exigencia inaplazable". Por ello, pidió al Senado que haga su parte del trabajo para "superar una anomalía que se ha prolongado demasiado tiempo".

Se refirió además a las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica y recalcó que las comunidades "no pueden seguir siendo básicamente haciendas de transferencias, entes de gasto con escasa responsabilidad desde la perspectiva del ingreso".

En este sentido, advirtió de que profundizar en el autogobierno "exige inexorablemente profundizar también en la responsabilidad fiscal y en la determinación de espacios fiscales diferenciados" para que las comunidades puedan adoptar "responsablemente sus propias decisiones de ingresos y gastos".

Pero además, garantizó que el futuro sistema tendrá en cuenta "que el Estado es el garante de la solidaridad interterritorial" y por lo tanto a él le corresponde asegurar "que todos los españoles disfruten por igual de unos niveles mínimos en la prestación de los servicios públicos esenciales". Del mismo modo, subrayó que el debate sobre la financiación autonómica debe tener en cuenta también el de la financiación local, y que los ayuntamientos deben disponer de fondos suficientes para desempeñar sus funciones, procedentes no sólo de tributos propios sino también de su participación en los del Es...