Declaración institucional de Pedro Sánchez a raiz de las informaciones sobre el ministro del Interior

El candidato a la Presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional –en Oropesa (Toledo)- a raíz de las informaciones conocidas sobre las grabaciones al ministro del Interior.

El contenido de su intervención ha sido el siguiente:

Buenas tardes,

Comparezco en Oropesa tras conocer la intervención del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña dirigida a animarle a buscar y encontrar datos que  acusaran o incriminaran penalmente a dirigentes de otras formaciones políticas.

Más allá de la necesidad de aclarar cómo es posible que se graben conversaciones mantenidas en el despacho oficial del Ministro del Interior, es absolutamente inaceptable la utilización perversa de las instituciones del Estado destinadas a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Es absolutamente inaceptable que se traten de usar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dirigir su acción a objetivos contrarios a la ley y, sin duda, con intenciones partidistas. El uso de las instituciones públicas con fines partidistas, es la máxima expresión de la corrupción que debemos extirpar de la vida pública.

No es la primera vez que el Ministro del Interior realiza actuaciones contrarias a toda norma democrática. Se suman reuniones secretas con dirigentes del Partido Popular investigados por causas de corrupción, como Rodrigo Rato, personas sometidas a la investigación por conductas corruptas, ceses arbitrarios de altos cargos policiales, o la iniciativa de reformas legales dirigidas, directamente, a limitar el ejercicio de los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.

El caso de hoy evidencia su voluntad de crear apariencia de comportamientos delictivos por parte de personas y dirigentes de partidos políticos con la finalidad de fortalecer la proyección política en Cataluña del Partido Popular, del que el Ministro del Interior en funciones es destacado dirigente y candidato en las actuales elecciones generales.

La gravedad de lo que ahora conocemos no disminuye porque los hechos tuvieran lugar hace dos años. Un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia por parte de un miembro del actual Gobierno, aunque sea en funciones, no se atenúa ni se puede enjuiciar con indulgencia porque se haya conocido pasado algún tiempo.

Por otra parte, la trascendencia de este comportamiento se agrava si, como las informaciones publicadas revelan, el actual Presidente del Gobierno en funciones, el señor Rajoy, conocía estas gestiones directamente del Ministro del Interior.

No es posible que Jorge Fernández Díaz continúe ni un minuto más como Ministro del Interior de un Gobierno en funciones. Lo exige la dignidad de la institución que es el Gobierno de España, primer obligado a respetar en todo momento la ley. Lo exige la coherencia elemental con los principios esenciales de un sistema democrático como el nuestro, que no se puede ver empañado por actitudes de esta naturaleza; y, finalmente, lo exige el respeto a los ciudadanos que no pueden aceptar que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado sean utilizadas con finalidades partidistas, en vez de aceptar su actuación conforme a la Ley y al Estado de Derecho.

En cualquier democracia avanzada, el Ministro del Interior debería presentar su dimisión hoy mismo. No lo ha hecho, así que el Presidente del Gobierno en funciones, el señor Rajoy, debería proceder a su cese inmediato también hoy mismo. Si el Presidente del Gobierno en funciones no procede a ese cese inmediato, se hará a sí mismo responsable de la conducta de su Ministro del Interior.

Desgraciadamente, nuestra exigencia de cese inmediato probablemente no será asumida por el Presidente del Gobierno en funciones. En demasiadas ocasiones se ha negado a utilizar sus facultades para expulsar del Gobierno a ministros que se han visto afectados por informaciones que ponían en cuestión su trayectoria personal y política por comportamientos rayanos con la legalidad de actuaciones económicas, y lo mismo ha hecho con dirigentes de su partido implicados en investigaciones y procesos judiciales por corrupción.

No tendremos nada diferente que esperar del señor Rajoy porque, probablemente, también ahora su respuesta se resumirá en una frase: “Sé fuerte, Jorge”.

Pero los ciudadanos tenemos, en esta ocasión, una oportunidad de expresar el próximo 26 de junio nuestras convicciones democráticas, nuestra exigencia de juego limpio en la política, nuestro compromiso contra la corrupción, nuestra voluntad de vivir en un país en el que la ley y el respeto a la ley sean la única guía del comportamiento de nuestros representantes y dirigentes, de nuestros partidos y de nuestro Gobierno.

El día 26 de junio tenemos la oportunidad de hacer lo que el actual gobierno, con el señor Rajoy a la cabeza, es incapaz de hacer: dimitir. El 26 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad todos los españoles de hacer dimitir a este mal gobierno con nuestros votos, acudiendo a las urnas.

Mi compromiso es firme: Si el Partido Socialista preside el nuevo Gobierno de España, garantizaremos que los poderes del Estado actúan con independencia y neutralidad, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán al servicio de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y ciudadanas de este país, y protegerán los derechos y libertades de todos ellos sin injerencias del poder político; y que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarán con sujeción exclusiva a la ley, al Estado de Derecho y a la persecución del delito.

Garantizaremos que los partidos políticos democráticos puedan actuar, en la defensa de sus propuestas, en condiciones de igualdad y con plena libertad dentro del respeto a la Constitución Española.

Garantizaré que la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones, no encontrará excusa alguna, ni comprensión, ni apoyo, sino que será perseguida hasta el final con todos los instrumentos que proporciona el Estado de Derecho.

Como presidente del Gobierno de España, si cuento con la confianza mayoritaria de los españoles el próximo 26 de junio, garantizaré un gobierno limpio y una justicia independiente en un país moderno, como España, avanzado en derechos y en libertades. Un país donde el gobierno sea la mejor garantía de las libertades públicas y dónde la justicia tenga medios suficientes e independencia para poder actuar.