El Gobierno aprueba el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación para impulsar la cohesión social y el mercado inmobiliario

Está dotado con 10.188 millones de euros, un 49% más que el anterior plan

El Gobierno dio hoy el visto bueno al nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) para los próximos cuatro años, con el que pretende reactivar el mercado inmobiliario facilitando el acceso al alquiler y compra de vivienda para lo que prevé movilizar 34.000 millones de euros en préstamos.

El Plan, dotado con una inversión de 10.188 millones, el 49% más que el anterior plan cuenta con llevar a cabo casi un millón de actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en compra y alquiler, a promover la urbanización de suelo para vivienda protegida y a mejorar el actual parque inmobiliario.

Tras conocer el Plan, las inmobiliarias dijeron que echan de menos un compromiso de bancos y cajas que establezca "nítidamente" las condiciones para la concesión de préstamos junto al plan, tal y como explicó a Efe el secretario general del G-14, grupo que aúna a las grandes inmobiliarias, Pedro Pérez.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseveró que el plan nace con el doble objetivo de incrementar la cohesión social, favoreciendo el acceso a una vivienda digna a los colectivos necesitados, y dinamizar el mercado inmobiliario.

Así el Ejecutivo prevé que se beneficien especialmente aquellas personas con menores ingresos y los más necesitados, que son los mayores, los jóvenes, las víctimas de la violencia y las personas con discapacidad.

El plan, dijo la vicepresidenta, también contribuirá a "reactivar la economía porque genera empleo y vivifica el mercado inmobiliario".

Entre sus puntos principales, el plan apuesta por el alquiler como una de sus líneas estratégicas, crea la figura del alquiler con opción a compra e incluye, como novedad, actuaciones para la rehabilitación de viviendas como las ayudas Renove para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad.

Asimismo, amplía a las rentas medias la ayuda de 4.000 euros de entrada a la vivienda, incorpora a las personas dependientes, separadas y divorciadas, afectadas por situaciones catastróficas, personas sin hogar o procedentes de la erradicación del chabolismo como colectivos que requieren ayudas del Estado de acceso a la vivienda.

Asimismo, dotará de mayor participación a los ayuntamientos en la cesión de suelo para construir equipamientos y alojamientos, según explicó la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. También tomarán parte de las decisiones sobre las áreas de rehabilitación integral, las de renovación urbana, la determinación

de los precios máximos en los ámbitos de precio superior y también en la oferta de suelo a través de las áreas de urbanización prioritaria.

Uno de los aspectos más importantes, dijo Corredor, es que se pueda disponer de un parque público de viviendas disponible para quien lo necesite. Menos optimista fue el PP, que considera que el plan es "ineficaz" para afrontar la crisis que vive el sector, tanto en acceso a la vivienda como en construcción, y reclamó más construcción de vivienda protección oficial (vpo).

Rodríguez-Piñero afirma que el Plan servirá para “facilitar el acceso a la vivienda "