El Gobierno quiere crear 350.000 empleos en la construcción

Salgado presenta las principales medidas contenidas en el documento a negociar con los partidos políticos

El Gobierno ha propuesto medidas dirigidas al sector de la construcción con las que espera que se creen en dos años 350.000 empleos en esta actividad, explicó este lunes la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

En rueda de prensa, Salgado enumeró las principales medidas contenidas en el documento a negociar con los partidos políticos, entre las que destacó las dirigidas a buscar trabajo para los desempleados de la construcción en ámbitos "conexos" al suyo: el de la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.

Subrayó en este sentido la opción de mantener un IVA reducido del 8% a la rehabilitación de viviendas durante dos años, entre otras ventajas fiscales, así como identificar 2.000 edificios públicos -1.000 el Estado y otros tantos las comunidades y los ayuntamientos- para mejorar su eficiencia energética.

La ministra no quiso detallar cuál sería el coste fiscal de las medidas que promueven la rehabilitación, y se limitó a responder que estará "más que compensado con la creación de empleo".

Por otro lado, la ministra destacó entre las medidas que se proponen la de tratar de que "ningún proyecto (empresarial) viable se quede en el cajón", con especial atención a las pymes y los autónomos, y de ahí la propuesta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceda directamente préstamos de hasta 200.000 euros.

La ministra admitió que las pymes no acceden al crédito no tanto por las cantidades que piden sino porque "no se les proporciona" dicho préstamo y desde las entidades financieras "no se hace el análisis" para concederlo.

Incluso reconoció que es "relativamente habitual" que cuando finalmente se conceden préstamos a pymes éstos tienen "condiciones especiales" que lo hacen más "gravoso", según ha sabido el Gobierno por parte del pequeño empresariado.

Para este sistema de crédito directo por parte del ICO, que contará con un "interés razonable" y "sin garantías adicionales", se convocará un concurso entre las entidades financieras para elegir a la que lo comercialice.

La entidad elegida, explicó Salgado, sólo tendrá esa función, la comercializadora, por la que recibirá una contraprestación, pero será el Instituto el que asuma "completamente" la cobertura del riesgo de estos préstamos.

La vicepresidenta segunda espera contar con el consenso de los partidos para este sistema de préstamos públicos, aunque recordó que coincide con muchas de sus demandas.

Salgado prometió además que este año las líneas de crédito del ICO, en general, no tengan límite cuantitativo para poder prestar "todo el dinero que sea necesario", y explicó que los créditos que conceda este organismo no provocarán un aumento de la deuda pública porque se financian en los mercados con "buenas condiciones".

El ICO también asumirá un mayor riesgo en las otras líneas en las que ya actúa como mediador, y dicho riesgo se elevará hasta acercarlo a la media que asumen bancos y cajas.

En cuanto a la racionalización del sector público, que contempla la reducción del número de empresas públicas, Salgado señaló el deseo del Gobierno de que alcance también a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, "donde hay también" muchas entidades...