El Gobierno respalda la propuesta de reforma de la ley del tabaco para que no se fume en espacios públicos cerrados

Trinidad Jiménez explica que, de las 55.000 muertes que se producen al año por el tabaco, entre 1.500 y 5.000 son de fumadores pasivos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha manifestado el apoyo del Gobierno a la proposición de ley de la reforma del tabaco, presentada este viernes por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en Consejo de Ministros, junto con un informe sobre la incidencia de la Ley del Tabaco, "con especial referencia al ámbito laboral". La proposición fue registrada el pasado miércoles en el Congreso por los grupos del PSOE e ER-IU-ICV.

A su juicio, pese a que la actual norma "ha tenido indudables efectos positivos en la salud", el informe presentado por Jiménez muestra que "es necesario hacer un esfuerzo adicional para cumplir con todos los objetivos de protección de la salud, por eso queremos modificar la actual normativa ampliando la prohibición de fumar a espacios públicos cerrados y colectivos, de este modo beneficiaremos especialmente a dos grupos de población: los trabajadores de la hostelería y el de los menores, que son también quienes más sufren las consecuencias del humo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha recordado que el tabaco causa al año en España 55.000 muertes entre fumadores activos, pero también entre 1.500 y 3.000 entre los pasivos, "y ésta es una tragedia que sin duda podemos y debemos evitar", ha apostillado.

En este sentido, la ministra de Sanidad, quien ha insistido en que "el objetivo fundamental de la reforma es que en espacios públicos cerrados no se fume", ha explicado que su departamento trabaja desde hace un año con expertos de salud de 37 sociedades científicas y con sindicatos, que han pedido reiteradamente la reforma de la actual ley. "Hemos decidido hacerlo a través de los grupos políticos con una proposición del ley firmada por varios de ellos, aunque hemos hablado con el resto --ha puntualizado--, porque en la Cámara hay conciencia de la necesidad de la reforma para cumplir los objetivos de la actual ley".

Así, Jiménez espera que en el trámite parlamentario, que se inicia ahora con la toma en consideración de la proposición de ley antes de las vacaciones de verano y su debate con la introducción de enmiendas y alegaciones en el próximo periodo de sesiones, se llegue a "un común denominador donde los grupos se sientan cómodos en la aprobación de la norma".

En este punto no ha querido especificar si habrá o no compensaciones a los hosteleros que hayan hecho reformas en sus locales para adaptarse a la ley, aunque sí ha dicho que ese 2% de bares que hicieron obras invirtieron entre 8.000 y 12.000 euros "fáciles de amortizar en el sector teniendo en cuenta los cinco años que lleva en vigor la norma".