El Grupo Socialista exige al Gobierno extender el subsidio de desempleo a parados de larga duración que carezcan de ingresos y tengan cargas familiares

Según la ponente socialista, se trata de un subsidio por un período de 6 meses, que se prorrogará de forma sucesiva mientras la persona continúe en esa situación, hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15%

La diputada María Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, ha exigido esta tarde al Gobierno la extensión del subsidio de desempleo a las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, que carezcan de ingresos y tengan cargas familiares, a través de una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. La iniciativa extiende este subsidio, también, a determinados colectivos, por su especial vulnerabilidad y dificultades de inserción, como a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de Inserción.

El subsidio que propone el Grupo Socialista se concede por un período de 6 meses, que se prorrogará de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en esa situación, hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15%. La cuantía del subsidio será igual al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros mensuales. Esta cuantía se aumentará en 100 euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.

La PNL destaca que, como es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las personas en desempleo con responsabilidades familiares, el Gobierno debe adoptar estas medidas de forma inmediata y con carácter de urgencia. Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica, no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación olvidada.

La protección de las personas desempleadas y de sus familiares se va agotando. Según la EPA del segundo trimestre de 2014, en situación de desempleo se encuentran 5.616.011 personas, de las que sólo 1.773.573 perciben algún tipo de prestación, lo que supone que 3.842.438 personas carecen de todo tipo de protección.

A estas personas, además del derecho al trabajo (artículo 35.1 de la Constitución), también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo (artículo 41 de la Constitución). Situación de grave injusticia social, cuando se sabe que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración y sin ningún tipo de ingreso económico. De hecho, la EPA del segundo trimestre de 2014 habla de más de 740.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos.

Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando una pobreza muy severa y sobrevenida que la están padeciendo de forma muy directa los niños y niñas con sus padres en paro. UNICEF estima en más de 2.300.000 niños y niñas españoles en situación de pobreza. Según las previsiones de organismos internacionales y del propio Gobierno, ni en 2017 se habrá recuperado el volumen de empleo de 2011.

El gasto en prestaciones ha disminuido, a fecha de junio, en 3.144 millones de euros, aproximadamente, sobre el año pasado y la cobertura por desempleo apenas alcanza al 58% de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto en protección por desempleo será cercano a los 6.000 millones menos que en 2013.