“El programa electoral del PP significa el regreso al ladrillazo, las guerras ilegales, los prestige y las mentiras del 11 M"

Exige explicaciones "públicas e inmediatas" a Feijoo tras conocerse que Dorribo recibió 4 millones de euros de la Xunta, tras reunirse con el propio Núñez Feijoo en su despacho

La portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, ha asegurado esta mañana que el programa electoral del PP supone el regreso “al ladrillazo, las guerras ilegales, los prestige, y las mentiras del Yak 42, o del

11-M.

Silva ha respondido así al portavoz de los populares, Esteban González Pons, quien hoy ha afirmado que las propuestas electorales de su formación para las elecciones del próximo 20 de noviembre, “es lo que hicieron entre 1996 al 2004”, y que no van a hacer "nada diferente".

“Poco a poco, el PP va desvelando su programa que se basa en la voladura del Estado del Bienestar, y el regreso al pasado más lamentable de la reciente historia del PP, incluido su protagonista principal: Mariano Rajoy”, ha señalado Silva.

Según ha explicado la portavoz del PSOE en la Cámara Alta, el PP sigue aprovechándose de la crisis “alentando la desconfianza en nuestra economía, como hacen Pons y Montoro, cada vez que ejercen de altavoz de quienes dicen que España está al borde del precipicio”.

“El PP no va a hacer nada diferente de lo que hizo entre el 96 y el 2004, porque no saben hacer otra cosa que mentir y manipular”, ha asegurado la dirigente socialista.

Explicaciones públicas e Inmediatas a Feijoo

Por otra parte, Carmela Silva ha reclamado “explicaciones inmediatas y públicas” al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, tras conocerse hoy que el gobierno que preside concedió a las empresas de Dorribo, el principal acusado de la operación Campeón, ayudas del Instituto Galego de Promocion Económica, por valor de 4 millones de euros.

La portavoz Silva ha exigido además que Núñez Feijoo explique también “con urgencia” su “dejadez de funciones” en la supervisión de Novacaixagalicia, y ha asegurado que son la propia Xunta, y su presidente, los responsables de no haber evitado que se cobrasen “indemnizaciones obscenas a costa del dinero de los ciudadanos”.