El PSOE denuncia que “al PP se le olvida el interés general a la hora de aprobar la Ley”

El secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas, Alfonso R. Gómez de Celis, ha denunciado que el Gobierno del PP ha actuado “deprisa y corriendo” para aprobar “por la puerta de atrás y con escaso respaldo” la Ley de Contratos del Sector Público. A su juicio, “al PP se le olvida el interés general a la hora de  aprobar la Ley”.

Para Gómez de Celis, esta Ley, aprobada por el PP con el apoyo de los nacionalistas- entre otros Grupos Parlamentarios-, “supone un retroceso y no un avance en el papel dinamizador y transparente que deben de desempañar las AA.PP”. Por este motivo, los representantes socialistas en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso se han abstenido hoy, con una posición crítica al dictamen finalmente aprobado.

“Es una Ley que gestionará el 18% del PIB y es vergonzoso haber sustraído su debate al Pleno del Congreso y llevarla a la Comisión. Con esta Ley, una vez más Rajoy y Montoro quiebran la transparencia y la eficacia que debe de prevalecer en la gestión de las AA.PP.”.

Para el dirigente socialista, “la contratación del sector público merece, sin lugar a dudas, un texto distinto desde el artículo 1 hasta la última Disposición Final de esta Ley”. “Se trata de una Ley abigarrada, complicada y de difícil entendimiento para la ciudadanía y los operadores jurídicos y las medidas que incorpora no proporcionan un adecuado nivel de protección del interés general”.

“Los socialistas -señala Gomez de Celis- no la hemos apoyado porque hace desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos”. “Por un lado, porque se pierden todas las potestades que tiene la administración para este valor de prestación al ciudadano, propio del Estado social. Por otra parte, porque va a permitir que el prestador del servicio sea el que recaude las cantidades que abone el usuario del servicio”.

“Además -destaca el responsable de Política Institucional- la Ley no garantiza la transparencia ni el conocimiento de todos los contratos del sector público ni el régimen al que están sujetos.” “Es un clamor la necesidad de que estuvieran todos los contratos sometidos a un mismo régimen de publicación, como norma jurídica, y que fuera el de la Ley de Contratos. Cuando la Ley ha tenido que optar entre publicidad y opacidad, ha optado por esto último”, ha lamentado.

“Esta Ley dificulta el control de la contratación pública, porque ha elevado los límites para poder acceder a los Tribunales de Contratación de las CC.AA. en unas cantidades que oscilan entre tres millones de euros para obras y cien mil euros para servicios y suministros, que son extraordinariamente altos y que impiden que los contratos de cuantía más baja, y que son los que pueden obtener las PYMES, sean sometidos a un control efectivo”, ha afirmado.

Por último, el secretario de Administraciones Públicas ha señalado que la remunicipalización de servicios públicos previamente adjudicados para su prestación privada, “sigue siendo una opción penalizada en esta Ley, la cual se añade a la penalización de la ley de presupuestos en materia de personal. Esto supone una restricción de la capacidad de organización de todas las Administraciones Públicas”. “Para los socialistas, las AA.PP deben de acudir a la contratación de recursos para solventar las necesidades de los ciudadanos. El fin de la contratación es el ciudadano, no el licitador”.

“La exigencia fundamental que ha de hacerse a una Ley de contratación pública, leyes concordantes y resto de normas, es que permitan y faciliten la gestión eficaz de los procesos para la puesta la disposición de los bienes o servicios al ciudadano. Este ha sido el objetivo principal de nuestro trabajo en la Ponencia durante los últimos meses defendiendo cerca  400 enmiendas al Proyecto de Ley”, ha concluido.