El PSOE dice que "el Gobierno de Rajoy impone un cambio de modelo en la sanidad pública"

Las medidas acaban con el sistema sanitario universal como un derecho básico de ciudadanía y deja fuera a distintos colectivos como los inmigrantes en situación irregular_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_

La Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez; la de Participación, Redes e Innovación, María González Veracruz, y la de Inmigración y Cooperación, Marisol Pérez, así como los portavoces de Sanidad, Pepe Martínez Olmos, e Inmigración, Esperança Esteve, han mantenido una reunión de trabajo con asociaciones de inmigrantes, sindicatos y con colectivos sanitarios sobre los recortes del gobierno del PP en materia sanitaria.

 

Para los socialistas, el RD-Ley 16/2012 supone “cambios fundamentales en el sistema sanitario público y el Gobierno de Rajoy inicia una verdadera contrarreforma sanitaria” porque sustituye un sistema basado en la cobertura universal por uno de aseguramiento que “vulnera radicalmente el derecho a la protección de la salud de todos los españoles”.

 

Durante la reunión, celebrada en Ferraz, se ha destacado con preocupación que es “una reforma en profundidad de la sanidad que se adopta sin ningún diálogo, ni discusión con los agentes sociales ni las CCAA y al margen por completo del Consejo Interterritorial”. Además, el Gobierno ha manifestado que no va a permitir su tramitación como proyecto de Ley, hurtando así el debate político necesario y la posibilidad de solventar las insuficientes garantías jurídicas del RD-Ley.

 

A juicio del Partido Socialista, los resultados de estas medidas van a ser “ineficaces y regresivos” y han mostrado especial inquietud porque acaba con el sistema sanitario universal como un derecho básico de la ciudadanía y abre la posibilidad de que existan modelos de seguros sanitarios diferenciados para grupos distintos de población, en relación a su nivel económico. Las personas con más recursos económicos se acogerán a seguros privados, más o menos subvencionados con fondos públicos, dejando al resto de la población en manos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficencia.

 

Además, deja fuera a los inmigrantes no regularizados, una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario y con tintes xenófobos; desde el punto de vista de la salud pública, porque hace ineficaces las estrategias de control frente a enfermedades infecciosas y también desde el punto de vista sanitario, al dejar a las urgencias como el único circuito de atención sanitaria a estas personas, con la consiguiente sobrecarga para los profesionales de estos servicios.

 

Finalmente, con el sistema de aseguramiento quedan fuera de cobertura las personas no cotizantes o desempleadas, a no ser que demuestren no tener recursos: jóvenes mayores de 26 años que no acceden al primer empleo, discapacitados que no trabajan, parejas que no trabajan, el divorciado/a tiene su asistencia cubierta en función de su calidad de beneficiario/a del ex cónyuge, etc. Se genera de esta forma situaciones de gran inequidad que darán lugar a inseguridad jurídica y una importante casuística que generará una gran ligitiosidad administrativa.

 

A la reunión ha acudido representantes de UGT, Comisiones Obreras, FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública), CEAR, MPDL, Médicos del Mundo, EAPN-E (Plataforma Europea contra Pobreza y Exclusión), CEO-AFRO, FENADEE (Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España), ACULCO, RUMIÑAHUI, ARI-Perú, Instituto Ramón Rubial, Grupo Federal de Mayores y la Coordinadora Federal Punto Latino, entre otros.

 

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