El PSOE le pide al Gobierno que rectifique y le exige que respete los derechos de los ciudadanos inmigrantes en los CIE
El PSOE pide la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso tras el varapalo del Supremo
La secretaria de Inmigración de la Ejecutiva Federal del PSOE, Eva Matarín, ha exigido hoy al Gobierno “que rectifique y que respete derechos. Hoy le ha tocado el turno a los CIE, pero no es un hecho puntual. El Gobierno vuelve a demostrar que no era la crisis, sino su idea del mundo la que impone discriminación y desigualdad. El Gobierno debe respetar los derechos en los CIE, en las fronteras, en los hospitales, porque aunque no les guste, en España el Gobierno está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”. Eva Matarín ha hecho estas declaraciones debido a que el tribunal Supremo ha anulado cuatro artículos del reglamento que establece el funcionamiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
El Supremo considera que el reglamento aprobado el pasado mes de marzo incumple tanto la Ley de Extranjería, como la normativa europea sobre los CIE.
La Secretaria de inmigración ha recodado que “el Gobierno hizo oídos sordos a la propuesta de reglamento elaborada en el año 2012 por el PSOE, en la que se indicaba la exigencia de garantizar la unidad familiar y es vergonzoso, en cuanto a garantía de derechos ciudadanos, como de imagen de un país, que tenga que ser el Supremo quien ponga fin a este funcionamiento”.
Para Eva Matarín, “los jueces acaban siempre por impugnar las políticas de inmigración porque el Gobierno de Mariano Rajoy actúa tratando a los inmigrantes como objetos de sus propios prejuicios” y es por esa razón por la que el PSOE ha pedido “la comparecencia urgente del ministro del Interior”, Jorge Fernández Díaz.
Además, el grupo Parlamentario socialista iniciará “a la mayor brevedad posible interpelaciones al ministerio del Interior” y exige que el Gobierno “respete los derechos de los inmigrantes”.
Eva Matarín ha recalcado que la decisión del Supremo es un “nuevo varapalo a la política de recortes de derechos civiles” que lleva tres años aplicando el Gobierno de Rajoy.