El PSOE pide explicaciones por el pago de una empresa a jueces y magistrados en la Comunidad de Madrid

Considera que es “urgente una regeneración ética y política” en la Comunidad de Madrid y que ésta “la encarna, mejor que nadie en este momento, Ángel Gabilondo”.

El secretario de Política Federal del PSOE, y responsable también del área de Justicia dentro de la Ejecutiva, Antonio Pradas, ha mostrado su sorpresa por la noticia que publica hoy un medio de comunicación, en la que aparecen jueces, magistrados y secretarios judiciales como beneficiarios de cobros realizados por la empresa INDRA a cambio de asesoramiento en la implantación de aplicaciones informáticas en la Comunidad de Madrid.

 

Los socialistas “exigen al Gobierno madrileño y al propio Consejo General del Poder Judicial que aclaren la procedencia de este tipo de asignaciones a autoridades judiciales que, a priori, tienen un estricto régimen de incompatibilidad para desarrollar cualquier trabajo remunerado”. Para Pradas, además, “resulta muy llamativo que los encargados de validar la implantación de una aplicación informática perciban remuneraciones de la empresa interesada, lo que sin duda, le resta credibilidad a esta validación”.

 

El dirigente socialista ha recordado que “no es la primera vez que la sombra de la duda sobrevuela sobre la implantación de aplicaciones informáticas por parte de gobiernos del PP” y ha puesto como ejemplo las sospechas despertadas en su día en relación a la privatización por parte del gobierno de Rajoy de los registros civiles.

 

“La información resulta, si cabe, más llamativa cuando la empresa en cuestión está siendo investigada dentro de la ‘Operación Púnica’ en la Comunidad de Madrid”. Para el responsable socialista, “sería muy grave que quienes deben juzgar el comportamiento de una administración y de una empresa en un procedimiento judicial relacionado con presuntos delitos de corrupción, puedan estar cobrando sobresueldos de esa administración a través de la intermediación de la empresa investigada”.

 

“Precisamente para evitar esta barbaridad, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un régimen tan estricto de incompatibilidades que obliga a pedir conformidad a la hora del desempeño de cualquier actividad remunerada. Se hace urgente, por tanto, que además de las explicaciones políticas que debe dar el responsable de la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial aclare las circunstancias que rodean esta información”, insistió Pradas.

 

A su juicio, “son precisamente estos comportamientos los que hacen que la ciudadanía desconfíe de la independencia judicial y de la ética de los gobiernos. En el caso de la Comunidad de Madrid está tan extendida esta imagen, que se hace urgente una regeneración ética y política  que encarna, mejor que nadie en este momento, Ángel Gabilondo”.