El PSOE presenta más de 60 enmiendas para ampliar el ámbito de actuación de la Ley de Transparencia y garantizar su cumplimiento

Se propone incluir a la Casa del Rey, los partidos, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas que reciban subvenciones públicas de más de 100.000 euros o del 40% de sus ingresos anuales

El Grupo Socialista ha presentado esta tarde más de 60 enmiendas a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se centran en ampliar el ámbito de actuación de la misma, en garantizar su cumplimiento y en corregir los aspectos inconstitucionales que se encontraban en la parte dedicada al buen gobierno.

“No queremos cualquier Ley de Transparencia y el texto inicial del gobierno tenía muchas y profundas carencias. Queremos una Ley de Transparencia sólida, amplía y aplicable, que responda al reclamo de la ciudadanía del siglo XXI. Las instituciones, las organizaciones políticas y otros organismos privados tienen que asumir que es un derecho ciudadano saber qué se hace con su dinero y disponer de mucha de la información que en la inversión del mismo se genera”, ha afirmado la secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE, María González Veracruz.

“Nuestras enmiendas van encaminadas a garantizar que esta ley efectivamente es un primer paso real en materia de transparencia y publicidad activa y para avanzar en participación y apertura de nuestra democracia, y para eso hay que modificarla profundamente en el trámite parlamentario en el que nos encontramos” ha añadido.

Las enmiendas socialistas amplían el ámbito de aplicación de la ley, reduciendo los límites que puso el gobierno en la aplicación de la misma, incluyendo a instituciones y organizaciones que reciben dinero público como la Casa del Rey, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, el Consejo General del Poder Judicial, y el consejo de Estado, entre otras, además de todas aquellas entidades privadas que reciban subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000 euros o del 40% o más de sus ingresos anuales, siempre que alcance un mínimo de 3.000 euros.

Los socialistas también incluyen entre sus enmiendas la creación de un Consejo Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un órgano “independiente a la hora de garantizar y evaluar el cumplimiento de la ley”, frente a la pretensión del Gobierno de que fuera el Ministerio de Hacienda quien tuviera tales competencias.

Además se refuerza la independencia de este órgano a través de la elección de su presidente, que requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso, y cuyo mandato tendrá una duración de 6 años para que no coincida con las legislaturas y no sea renovable.

Las funciones del nuevo consejo serán recoger todas las reclamaciones referidas al cumplimiento de la ley, y podrá provocar el inicio del procedimiento sancionador en materia de publicidad activa y acceso a la información. Su presidente deberá presentar anualmente un informe al Congreso y comparecer siempre que se le solicite.

Según la responsable de Participación, Redes e Innovación del PSOE, “este es un tema importante, ya que se trata de apostar por la transparencia, de poder evaluar de forma independiente y hacer público el grado de cumplimiento de la ley, y así poder conocer si se está publicando activamente lo que marca la ley, si se responde o no a las peticiones de información ciudadana, lo que se facilita o deniega, es decir, aplicar la transparencia de la transparencia”.

Además, con nuestras enmiendas se amplía el objeto de la publicidad activa, es decir, aquella información que los organismos y entidades están obligados a ofrecer públicamente sin necesidad de que los ciudadanos lo reclamen.

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