El PSOE presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta en Madrid

Soraya Rodríguez asegura que no es una tasa sino un impuesto encubierto para financiar la sanidad, que perjudica a los madrileños y obstaculiza su acceso al derecho a la salud

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta implantado por la Comunidad de Madrid. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha afirmado rotundamente que “el euro por receta es inconstitucional” porque lo que hace es “empeorar la financiación sanitaria en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas madrileños”.

Soraya Rodríguez, junto con el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, el secretario general del PSM y senador, Tomás Gómez y la secretaria de organización del PSM y senadora, Maru Menéndez, han acudido al Tribunal Constitucional para presentar este recurso. En él, según ha explicado la portavoz socialista, se alega “no un problema de invasión de ámbito competencial”, sino “un problema de mala aplicación de las competencias que, según la Constitución, tienen los gobiernos autonómicos” en materia sanitaria: “en el uso de esas competencias pueden mejorar la financiación de la sanidad pública, pero no pueden empeorarla ni crear, con sus medidas y acciones, obstáculos en el acceso al derecho a la salud que tiene todos los españoles”, señaló.

Por otro lado, el PSOE subraya que el euro por receta no es una tasa como pretende el gobierno madrileño, sino un impuesto encubierto para financiar la sanidad, que perjudica a los ciudadanos madrileños.

El recurso denuncia que la medida atenta contra el principio de igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución, y que es un sistema adicional de copago que vulnera también el artículo 31 de la Constitución, ya que infringe los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad por los que ha de regirse la aportación de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos del Estado: No recae sobre quienes tienen mayor nivel de renta sino sobre los usuarios del sistema público de salud y, especialmente, sobre aquellos que por razón de enfermedad precisan de un mayor número de recetas.

Para el PP el derecho a la salud es solamente un gran negocio privado

Soraya Rodríguez se ha referido también a la adjudicación de los análisis clínicos de varios hospitales y centros de salud públicos madrileños a la empresa Unilab, en cuyo Consejo de Administración está el ex consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes.

“Ya vemos que para el PP el derecho a la salud es un gran negocio privado”, ha dicho. “Detrás de todas las medidas que se disfrazan como sostenibilidad de la sanidad pública, hay intereses privados empresariales” amparados por los gobiernos del PP.

“Hoy hemos visto de forma clara y expresa que no sólo están detrás, sino que están dentro y que los propios gestores públicos privatizan las empresas de las que luego se hacen consejeros”, ha criticado la portavoz socialista, quien se ha comprometido a “frenar al PP en este desmantelamiento de la sanidad pública”.