El PSOE propone reforzar los derechos de los consumidores frente a prácticas abusivas

El Partido Socialista presenta a las organizaciones de consumidores y usuarios la Proposición de Ley para la tutela judicial colectiva de consumidores. Con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las Asociaciones de Consumidores, el Instituto Nacional de Consumo y el Ministerio Fiscal tendrán legitimidad no sólo para plantear acciones colectivas sino también para reclamar la devolución del dinero a los afectados_x000D_

La Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, y la Portavoz de Consumo, Pilar Grande, se han reunido esta tarde con la Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Paquita Sauquillo, y con representantes de las organizaciones nacionales que la componen, para presentarles la Proposición de Ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y lograr la tutela colectiva judicial de los consumidores y usuarios.

Se trata, ha señalado Jiménez, de “reforzar la protección de los derechos de los consumidores, de ser más eficaces y de ofrecer instrumentos verdaderamente útiles a los consumidores frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de servicios, hasta ahora muy difíciles de combatir”.

La dirigente socialista ha subrayado que “con este cambio legislativo, las organizaciones de consumidores, pero también el Instituto Nacional de Consumo y, sobre todo, el Ministerio Fiscal, no sólo podrán acudir a los juzgados para lograr el cese de estas prácticas abusivas, sino que además, ahora, podrán reclamar la devolución del dinero a los afectados, ejerciendo una acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores”.

Por su parte, Pilar Grande se ha referido a varios casos que están ocurriendo en la actualidad, desde cobros indebidos en las compañías de suministros (como luz, agua o telefonía) pasando por transportes o las compañías aéreas, hasta llegar a las cláusulas abusivas “en temas de tan dolorosa actualidad, como las hipotecas o los productos financieros, cuyo mejor ejemplo, son las participaciones preferentes”.

La Portavoz socialista de Consumo ha explicado que, aunque existe legislación en materia de defensa de consumidores y de acciones colectivas, es “insuficiente, dispersa y fragmentaria”. Por ello, “hemos registrado esta Proposición de Ley que, de aprobarse, conseguiría equilibrar la enorme diferencia que existe en nuestro país entre el consumidor y las grandes empresas”. “Evitaría que los consumidores, que somos todos los ciudadanos, sean los que paguen la factura de la crisis, como está ocurriendo con los desahucios y preferentes”, ha remachado.