El PSOE reclama al Gobierno “un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la adopción de medidas para proteger a los hijos de víctimas de violencia de género”

La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Álvarez, ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que reclama al Gobierno implementar un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la toma de decisiones sobre las medidas a imponer para proteger a los menores, hijos de víctimas de violencia de género.

En la iniciativa, que será debatida en el Pleno del Congreso, se insta al Ejecutivo a conformar un equipo de especialistas y expertos en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que elabore un análisis para la creación de indicadores específicos de los factores de riesgo que los menores tienen, en su relación con la violencia de género.

Además, se pide implementar un sistema individualizado de valoración de riesgo a través de sistemas de recopilación de  información suficiente y contrastada que permita identificar información de origen policial, penitenciario y judicial, así como sanitario  y de organismos de atención social, para identificar la peligrosidad criminal a través de elementos de valoración médico-forense al objeto de auxiliar al juez ante la toma de decisiones respecto a la medidas a imponer para proteger a estos menores.

También propone formar a los equipos psicosociales en el conocimiento  de los factores de riesgo asociados a la violencia en el manejo de las estrategias de gestión del riesgo y las principales escalas de predicción del riesgo.

“El objetivo de estas medidas -explica Ángeles Álvarez- es que los jueces cuenten con elementos de juicio suficiente para valorar la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan indicios racionales de criminalidad de un delito de violencia de género y proteger a los menores atendiendo al interés superior del menor”.

“Los/as 44 menores asesinados durante el cumplimiento del régimen de visitas en la última década ponen en evidencia la necesidad de romper con una atención rutinaria y prejuiciosa que antepone supuestos derechos paternos a la  protección de los menores testigos o víctimas directas de la violencia de género”, advierte Álvarez.

La diputada socialista alerta de que, “incluso en situaciones de alto o extremo riesgo de violencia de género, son escasísimos los casos en que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas”.

Para la portavoz de Igualdad, “los datos podrían llevarnos a pensar que en la práctica judicial existe la  tendencia a considerar que la relación paterno filial prima por encima del interés superior del menor”.

Álvarez ha explicado que “se tiene la tendencia a considerar que la suspensión cautelar de las visitas hasta resolución definitiva supone la privación de un derecho, sin embargo, cuando existen indicios fundados de peligro para los menores, esta medida es un instrumento asegurador de su protección”.

“El número de menores muertos por violencia de género debe ponernos en alerta sobre las estrategias de que se sirve el violento  con el objeto de dañar.  Sin lugar a dudas, la amenaza de daño a los hijos/as comunes se presenta como el más brutal de los chantajes y la más cruel de las venganzas”, concluye.