El PSOE reclama una Ley que asegure la atención sanitaria a los inmigrantes

En tanto se apruebe esta Ley, los socialistas proponen que se establezca un procedimiento común en el SNS que asegure el acceso "sin barreras" a la asistencia sanitaria e impida la facturación

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso reclamando al Gobierno que “promueva una Ley que asegure el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular”.

En tanto se apruebe esta Ley, los socialistas proponen que “se establezca un procedimiento común en el conjunto del Sistema Nacional de Salud que asegure el acceso sin barreras de los inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria en las urgencias que puedan necesitar –tal como se establece en la normativa vigente- y que impida la facturación de la asistencia sanitaria por parte de los servicios de salud que la vienen realizando en la actualidad”.

Recientemente se ha conocido que en algunas Comunidades Autónomas se están enviando facturas a inmigrantes en situación irregular por la atención que les prestan en los servicios de urgencias, lo que –según los socialistas- “supone un grave incumplimiento del ordenamiento jurídico al tiempo que una barrera real de acceso a una atención sanitaria esencial para la salud y la vida de estas personas, que en ningún caso se puede consentir”.

En la iniciativa se denuncia que, en materia sanitaria, el Gobierno de Rajoy ha impuesto “un conjunto de recortes en derechos y en calidad asistencial que están afectando al conjunto de la población y perjudicando de manera especial a los pensionistas, enfermos crónicos y pacientes con enfermedades raras que ven en riesgo la atención a su salud y la aparición de barreras reales para el acceso a la asistencia sanitaria y a sus prestaciones”.

Entre los colectivos especialmente perjudicados por estas medidas, destacan a los inmigrantes en situación irregular, que “han perdido el derecho a la cobertura sanitaria general, perdiendo así el derecho a ser beneficiario de las prestaciones de salud pública, de promoción de la salu y de asistencia sanitaria, salvo en caso de atención urgente”. Una decisión que “además de ser injusta e inhumana, pone en riesgo la salud de esta población y del conjunto de la comunidad”. Incluso –han recordado- el Tribunal Constitucional ha dictado un auto –en relación a la decisión del Ejecutivo vasco de mantener la atención sanitaria a inmigrantes- que avala “la prevalencia del derecho a la salud sobre el eventual ahorro económico que suponga la discriminación en la atención sanitaria”.