El PSOE recurre el auto de Ruz para pedir que se impute a Acebes y Cospedal por la financiación ilegal “sistemática” del PP durante casi veinte años

El PSOE ha procedido esta mañana a presentar un recurso en la Audiencia Nacional para pedir a este tribunal que se impute a los dos secretarios generales del PP durante los tiempos de la financiación ilegal analizada por el juez Ruz –Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal-.

 

En su recurso al auto del juez Ruz, el PSOE, que está personado en la causa, considera que este magistrado ha dejado indiciariamente acreditado que la formación conservadora se financió ilegalmente y de manera “sistemática” desde 1990 hasta al menos 2008, mediante una contabilidad paralela a la oficial. Estos fondos se utilizaron para, entre otras cosas, financiar gastos de campañas electorales o para pagar distintos servicios y gastos en beneficio del partido, como la reforma de Génova. Todo ello son decisiones trascendentes, que no parece pudieran ser ajenas a las personas con responsabilidad dentro de esa formación política, más allá de la responsabilidad meramente contable.

 

Atendiendo al carácter sistemático de este sistema de financiación que establece el auto, y a los gastos a los que se destinó la caja B, el PSOE sostiene que no es razonable que el ámbito de decisión respecto de su ingreso y uso se limitara a los sucesivos tesoreros o gerentes del PP. Por ello, toda vez que el Partido Popular ostenta la condición de persona jurídica y, en consecuencia, al amparo del artículo 31 del Código Penal, son criminalmente responsables quienes actúen como “administradores de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro”. En consecuencia, los administradores de derecho serían los secretarios generales durante esta etapa, Cospedal y Acebes.

Para el PSOE, el auto echa en falta la existencia en nuestro ordenamiento de un delito de financiación ilegal tipificado como tal, que es lo que considera que ha hecho el PP durante todos esos años. En consecuencia, con el ordenamiento vigente, los delitos que se les podrían imputar son delito de falsedad documental y delito fiscal, tanto por el Impuesto de Sociedades como por el IVA, e incluso delito electoral.