El PSOE regulará la protección de los denunciantes de prácticas corruptas
El PSOE regulará la protección de quien denuncie prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública con en el sector privado, a fin de proteger a estos ciudadanos de cualquier clase de represalias. Así lo recoge su Programa Electoral como una medida necesaria para incentivar, promover y aflorar casos de corrupción.
Este compromiso ya venía expresamente recogido en el Programa Electoral del PSOE antes de las elecciones generales del pasado diciembre y se incluye entre las iniciativas de regeneración democrática que los socialistas estamos decididos a impulsar desde las instituciones. Entre ellas destaca el acuerdo de creación en una “Comisión parlamentaria permanente de auditoría de la calidad democrática y lucha contra la corrupción”. Esta Comisión parlamentaria fue creada durante la última Legislatura a iniciativa, entre otros, del Grupo Parlamentario Socialista pero, desafortunadamente, no llegó a constituirse al convocarse nuevas elecciones generales. Los socialistas nos comprometemos a impulsar decididamente los trabajos de esta Comisión parlamentaria durante la próxima Legislatura contando con la participación de las organizaciones civiles que lideran y contribuyen a esta tarea prioritaria.
El compromiso del PSOE para regular la protección de los denunciantes de casos de corrupción es inequívoco como lo evidencian las iniciativas impulsadas en Parlamentos autonómicos como el valenciano y los compromisos adquiridos con la Plataforma X la Honestidad.
La corrupción es uno problemas más importantes de nuestra sociedad y los españoles manifiestan una preocupación creciente. El 47,5% de los españoles considera que el segundo mayor problema de España es la corrupción. La corrupción afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones, a los derechos de la ciudadanía y al crecimiento económico.
La lucha contra la corrupción debe operarse en todos los frentes pero la experiencia demuestra que la lucha contra el fraude y la corrupción sustentada exclusivamente en el agravamiento de las condiciones de ejercicio de la función pública o de las sanciones penales no basta para afrontar la ingente tarea de detectar, perseguir e impedir la corrupción. Para alcanzar estos fines, resulta indispensable la colaboración de la sociedad en su conjunto y, en particular, de aquellas personas que, en mayor o menor grado, han podido tener conocimiento de comportamientos corruptos. Pero quienes pueden estar en condiciones de coadyuvar al afloramiento de la corrupción y ejercer un deber cívico en beneficio de la sociedad pueden encontrarse con circunstancias disuasorias que aborten esta encomiable disposición ciudadana.
Siendo incontestable que los principales casos de corrupción perseguidos por la justicia en España tienen su origen en denuncias de particulares, no lo es menos que estos denunciantes (y cualesquiera otros que pretendan emularles) pueden desistir de su intención ante hipotéticos riesgos para su presente y futuro económico, laboral, social o, incluso, judicial.
Por ello, el PSOE se proponer promover las modificaciones normativas necesarias para para garantizar la protección de los denunciantes de prácticas corruptas e ilegales garantizando la confidencialidad de su identidad, preservándoles de represalias laborales o en sus relaciones económicas o mercantiles y proporcionándoles apoyo jurídico.