El PSOE reitera el "rechazo absoluto" a la Ley de tasas judiciales del Gobierno porque "avanza hacia una justicia privada"

El Consejo General de la Abogacía Española pide al PSOE que plantee el recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley

El Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado “rechazo absoluto” a esta Ley de tasas judiciales porque pretende avanzar hacia una “justicia privada que hará que muchos ciudadanos no puedan plantearse acceder a la defensa de sus derechos”. Los socialistas, que han mantenido contactos con todos los operadores jurídicos durante la tramitación de la Ley, han constatado que la Norma “nos conduce a un doble rasero en la justicia, en la que habrá a una justicia de ricos y otra de pobres”.

Así lo han constatado los socialistas que hoy han mantenido una reunión en el Congreso con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, para analizar la Ley de tasas judiciales. Un encuentro que ha estado encabezado por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, y Antonio Camacho, ponente socialista en la Ley de tasas judiciales.

El Grupo Parlamentario Socialista subraya que dicho proyecto “hace recaer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la situación de la Justicia, y pretende solucionarlo por la vía del incremento de los costes de los procedimientos”. En ese sentido, tanto el PSOE como el resto de los grupos de la oposición, presentaron enmiendas de devolución al texto normativo y reprochan al PP que no haya admitido ninguna enmienda lo que, junto a la rapidez de la tramitación, llevó al plante de todos los grupos durante su votación en la Comisión del Congreso de los Diputados.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha pedido al Grupo Socialista que plantee el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas. Carnicer ha recalcado en posteriores declaraciones a los medios de comunicación que “los 189.00 colegiados de España están de acuerdo en que esta Ley atenta contra preceptos básicos de la Constitución y contra derechos fundamentales como la igualdad, la tutela judicial efectiva y contra el reconocimiento de gratuidad de la justicia”.