El PSOE reivindica el actual modelo de asignación del 0,7% del IRPF para fines de interés social

Trinidad Jiménez pide al Gobierno que mantenga el consenso logrado en los últimos años entre CCAA y el tejido asociativo estatal y autonómico

La Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, ha defendido, durante la reunión mantenida con representantes de la Plataforma del Tercer Sector, el actual modelo de asignación del 0,7% del IRPF para fines de interés social, puesto en marcha por el Gobierno socialista desde 2009.

“Este modelo introduce no sólo una mayor participación de las Comunidades Autónomas, sino que dicha participación se convierte en determinante, con carácter obligatorio a la hora de decidir los programas que son subvencionables”, señala Jiménez.

Por otra parte, “el actual modelo de asignación del 0,7% del IRPF para fines de interés social abre la puerta a las entidades de ámbito local y autonómico, de acuerdo con el principio de proximidad en la acción social”, ha añadido la dirigente socialista que ha estado acompañada en esta reunión de trabajo por la portavoz de Política Social en el Congreso, Rosa Aguilar, y por la responsable de Participación, Redes e Innovación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María González Veracruz.

Asimismo, Jiménez ha recordado que las últimas sentencias tanto del Tribunal Constitucional (178/2011, de 8 de noviembre de 2011) como del Tribunal Supremo (Recurso Núm. 6507/2009, de 16 de diciembre de 2011), se refieren a las órdenes de base y convocatoria anteriores al actual modelo, por tanto no vigentes, que han sido ya modificadas garantizando su constitucionalidad y el orden jurídico en cuanto al procedimiento de tramitación de las subvenciones. “Es decir, las órdenes, en su última redacción, no quedarían afectadas por dichas sentencias”, ha subrayado Jiménez.

En cualquier caso, el PSOE considera que las normas que regulan la asignación del 0,7% del IRPF para fines de interés social se deben ajustar a la doctrina del Tribunal Constitucional, y ha instado al Gobierno a mantener el consenso logrado en los últimos años entre CCAA y el tejido asociativo estatal y autonómico.

En su opinión, “se trata de facilitar que las ayudas sociales tengan como prioridad la mejor y mayor protección y cobertura a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable, atendiendo criterios de población desfavorecida, índice de pobreza o tasa de inmigración. Pero también se trata de fortalecer las estructuras y redes asociativas de Organizaciones no Gubernamentales a nivel autonómico y estatal”, ha concluido Jiménez.