El PSOE tratará de evitar que el Gobierno “desmantele” otro servicio público como es la Justicia

Los socialistas denuncian que la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial vaya a "centralizar y a alejar la justicia de los ciudadanos", "con el pretexto de un supuesto ahorro"_x000D_ _x000D_

El PSOE va a denunciar y a tratar de evitar que el Gobierno lleve a efecto su propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Para ello va a actuar en todo el territorio nacional y a todos los niveles institucionales, presentando proposiciones no de ley en los parlamentos autonómicos, así como mociones en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos Insulares, según una iniciativa que ha sido coordinada por el Secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando.

La modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial formulada por el Ministerio de Justicia, y dada a conocer en su página web, es a juicio de los socialistas una reforma que “ignora a los ciudadanos” y que “con el pretexto de un supuesto ahorro, desmantela servicios públicos”, sostiene Antonio Hernando.

Además, con su propuesta el Gobierno incumple el artículo 152.1 de la Constitución Española, además del art. 35 de la LOPJ que le obliga a recabar informes sobre la propuesta a las distintas CC.AA. y contar con la opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto; además a unir luego al Proyecto de ley que presente a las Cámaras las propuestas de las Comunidades Autónomas.

En las PNL que presentará el PSOE a nivel autonómico, los socialistas afirman que la propuesta del Gobierno pone en “serio riesgo” la pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural”, pero advierten de cómo afectará también “al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona”. Esto conllevará “la desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones, convirtiéndolos en poco más que sedes administrativas”.

Los socialistas acusan también al ministro Gallardón de faltar a su palabra cuando el pasado 9 de julio en Valladolid dijo que no se suprimirá ninguna sede judicial en España, ya que de llevarse a cabo su propuesta, las sedes judiciales pasarían a estar radicadas solo en las capitales de provincia, lo que significa “centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos” e impedir que se facilite la tutela judicial.

Por ello, las mociones que en los ayuntamientos presente cada Grupo Socialista van a incluir la petición de que “se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia”, “suprimiendo que su ámbito sea provincial” y “dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia”.

Además abogarán porque se “mantengan las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado”.

Otra propuesta será la de “implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público”.

Para los socialistas, “cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración, tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de ...