Gregorio Cámara: “La Ley del TC, tal como la dejó el PP, distorsiona nuestro sistema constitucional”

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, ha defendido esta tarde la admisión a trámite de la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que evite que éste pueda suspender a las autoridades cuya legitimidad provenga directa o indirectamente de las urnas. Cámara ha denunciado que la reforma de esta ley, llevada a cabo en solitario por el anterior gobierno del PP, “desnaturaliza la configuración que hace la Constitución de su supremo intérprete  y altera el mapa institucional contenido en ella”, al atribuir al Tribunal Constitucional “el conocimiento de supuestos para cuyo enjuiciamiento no se requiere un juicio bajo parámetros de constitucionalidad y con facultades que están encomendadas a otros órganos y poderes del Estado”.

               

                El Grupo Socialista, no obstante, no comparte la parte de la proposición relativa a la derogación de la parte de la ley que estableció el recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de reforma de los mismos. Sobre la propuesta del Grupo Mixto, que también se debate hoy, Cámara ha señalado que, aunque la finalidad de la iniciativa es compartida, “consideramos que la presentada por el PNV es técnicamente más correcta y tiene, desde ese punto de vista, una mayor viabilidad para su tramitación y aprobación como Ley”.

 

            Para el portavoz, la ley tal como está “distorsiona nuestro sistema constitucional desde distintas perspectivas, según cual sea la autoridad concernida por la suspensión, de manera especial la de autoridades cuya legitimidad provenga directa o indirectamente de las urnas, cuestión de delicadas implicaciones constitucionales, por no hablar de las que tendrían también si se tratara de jueces o magistrados”. Además, ha señalado, la generalidad e indeterminación con la que este precepto prevé la causa de la suspensión, “conducirían también a la vulneración de la propia Constitución”.

 

            Cámara ha criticado que la LOTC “nuevos mecanismos de coerción estatal aplicables frente a los poderes públicos autonómicos por un órgano distinto al constitucionalmente previsto y al margen de los elementos “políticos” de garantía que la Constitución prevé para supuesto tan absolutamente excepcional”. Algo que “no encaja” en las funciones que la Constitución asigna a este órgano y que lleva a “una desquiciada consecuencia: situar al TC en un terreno pantanoso que no le corresponde, involucrándolo en un potencial juego político tan ajeno como contraproducente a su función de intérprete supremo de la Constitución”. “Se rompe así el equilibrio establecido por la norma constitucional entre los órganos constitucionales y puede llevar al Tribunal, ya muy cuestionado por razones bien conocidas, al riesgo de su completa deslegitimación”, ha insistido.

 

            Durante su intervención en el pleno el portavoz ha denunciado que el PP llevara a cabo una reforma exprés de la LOTC, “con un objeto y finalidad ad hoc, dirigida a exhibir fuerza ante las elecciones autonómicas del 27-S en Cataluña, a un mes vista de la finalización del mandato y de la convocatoria de elecciones generales”. “Nada importó al Partido Popular irrumpir de esta manera en plena precampaña electoral en Cataluña y en el conjunto de España”, ha señalado; “nada le importó que el código de buenas prácticas electorales del Consejo de Europa aconseje no hacer reformas poco antes de las elecciones; nada le importó eludir el informe previo del Consejo de Estado; nada le importó la opinión del mismo Tribunal Constitucional; y nada le importaron las apreciaciones y advertencias de muchos constitucionalistas acerca de las muy negativas repercusiones que esta  nueva regulación tendría sobre una norma tan cualificada del bloque de la constitucionalidad”.

 

            “Nadie, absolutamente nadie, pidió desde la doctrina académica o desde las instituciones una reforma de estas características a lo largo de los 35 años transcurridos desde que el TC iniciara su andadura en 1981”, ha recordado, Cámara, que ha apuntado que el Tribunal “ya tenía atribuida con carácter general la facultad para disponer “en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución, además de declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas.

 

            La reforma del PP, ha continuado, “incorporó a nuestro ordenamiento, en el marco del conflicto catalán, medidas de coerción estatal como la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados públicos por el incumplimiento de obligaciones constitucionales o la ejecución sustitutoria de las resoluciones del TC, utilizando al Tribunal Constitucional como brazo ejecutor, solapando y eludiendo el excepcional procedimiento previsto por el constituyente”. “Se quiso exhibir firmeza aparente, en el mencionado contexto político, atribuyendo al Tribunal Constitucional responsabilidades que no le son propias y que incumben a otros órganos y actores públicos ante conflictos de esta naturaleza”.

 

            Por todo ello, Cámara considera que el PP actuó con “gran irresponsabilidad”. “Esperamos que el PP haya aprendido que los problemas derivados de las tensiones territoriales no pueden resolverse solo mediante mecanismos jurisdiccionales”, ha dicho el diputado, que ha explicado que los socialistas “actuarán siempre con sentido de la responsabilidad y ánimo de consenso para llegar a un acuerdo en un tema crucial en el bloque de constitucionalidad. “A esta proposición de reforma, que nunca debió llevarse a cabo, le faltaron sentido de Estado y altura de miras”, ha concluido.