Leire Iglesias recuerda que “el alquiler social no es caridad, es un derecho de los ciudadanos”

La portavoz socialista de Vivienda critica que el Gobierno del PP “vuelve a exigir requisitos que limitan el reconocimiento de un derecho constitucional, ya que los umbrales marcados para acceder al fondo social de vivienda hacen que dichas medidas sean puro maquillaje”

La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha asegurado hoy que “el alquiler social no es caridad, es la regulación de un derecho de los ciudadanos”.

Con motivo de la firma esta tarde del convenio por el que se constituye el fondo social de vivienda para las personas desahuciadas por impago de la hipoteca, por parte del Gobierno, el Banco de España, la FEMP, las ONG y las entidades financieras, Leire Iglesias, ha subrayado que el Grupo Socialista “quiere ir más allá de dar soluciones con una vivienda y propone combatir los abusos del sistema hipotecario cambiando la ley”. Y así lo ha plasmado en la a enmienda de totalidad con texto alternativo que presentó al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

En este sentido, la portavoz socialista ha remarcado que dicha enmienda a la totalidad “contiene normas para la creación de un parque público de alquiler social y para garantizar el derecho a la vivienda, a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares, a las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio.”

“No se trata de que los bancos dispongan de viviendas e intenten gestionarlas como una ONG, sino de que el derecho al alquiler social se pueda reglamentar como un derecho constitucional”, ha señalado. Además, ha matizado que en el fondo social “tienen que estar no solo viviendas de los bancos, sino también las procedentes del stock de vivienda nueva sin vender o desocupada y de la rehabilitación de inmuebles desocupados”.

Igualmente, la diputada del PSOE ha remarcado que también se debe contar para el alquiler social con todas aquellas viviendas que, como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria con posterior desahucio, hayan pasado a titularidad de las entidades de crédito que estén participadas por el FROB y no hayan sido posteriormente enajenadas, y las adquiridas por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria, Sareb.

La responsable de Vivienda, ha incidido en que el PSOE apuesta por la habilitación de una línea de crédito, a través del Instituto de Crédito Oficial, que facilite el aplazamiento temporal y parcial en la obligación de pago del cincuenta por ciento del importe de las cuotas hipotecarias de personas en situaciones de especial vulnerabilidad, como desempleados, autónomos que hayan cesado su actividad económica o acrediten ingresos íntegros inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y pensionistas de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario.

Por último, Iglesias ha señalado que el Gobierno del PP “vuelve a exigir requisitos que limitan el reconocimiento de un derecho constitucional, ya que los umbrales marcados hacen que dichas medidas sean puro maquillaje”.