Luisa Carcedo denuncia el "maltrato institucional" que sufren los menores debido a la falta de recursos de los organismos encargados de protegerles
La dirigente socialista ha hecho un llamamiento para avanzar hacia un modelo de protección de la infancia y acabar con la pobreza infantil agudizada por la gestión de la crisis económica
La secretaria de Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha manifestado que “es necesaria la adopción de medidas urgentes que aborden las distintas formas de violencia que afectan a niños y niñas”. En el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, la dirigente socialista denuncia que actualmente no existen datos oficiales ni estudios relevantes que traten de forma integral este problema. Además, ha declarado que “existe maltrato institucional, ya que los organismos encargados de proteger a los menores no disponen de recursos”.
La dirigente socialista ha declarado que “es necesario avanzar hacia un modelo de protección integral de la infancia”, y que para ello “hay que definir en el ordenamiento jurídico español la violencia contra la infancia”, tal y como aparece en el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño.
Carcedo ha hecho especial hincapié en que “es prioritario desarrollar políticas públicas justas que combatan las desigualdades y apuesten por la inversión social y, específicamente, la protección a la infancia”. “La pobreza, como consecuencia de la crisis, es causa de la caída de rentas en las familias, más intensa en las familias en las escala de menos ingresos, víctimas del paro y la desprotección del desempleo. La pobreza y la exclusión social conducen a las familias y sus hijos a una situación de gran vulnerabilidad económica, social y de expectativas de futuro. Sin duda y esto provoca una mayor exposición a la violencia, pero en sí misma constituye un forma de violencia”, abunda la responsable de Bienestar Social.
La solución a este problema pasa por una mayor justicia social, un incremento de la inversión en la infancia, “mejorando la protección social y apostando por unos servicios públicos universales de sanidad y educativos, incluido la etapa 0 a 3 años y por reforzar los servicios sociales imprescindibles para la prevención, detección y atención a menores víctimas de violencia”. Para ello “es imprescindible incorporar en los presupuestos de las distintas administraciones la dotación suficiente de recursos para atender adecuadamente las necesidades de la infancia y abordar la lucha contra cualquier forma de violencia en la infancia”, concluye.