MARGARITA ROBLES asegura que el PSOE “derogará cualquier medida que limite los plazos de instrucción en los casos de corrupción”
Denuncia “los cuatro años del PP mirando para otro lado” y poniendo “todo tipo de trabas” y asegura que los socialistas se comprometen a una “lucha contra la corrupción sin límites”.
La número dos del PSOE por Madrid, Margarita Robles, manifestó hoy “el compromiso claro” del Partido Socialista para “derogar cualquier medida legislativa que limite los plazos de instrucción de los casos de corrupción”, que “lo que hace es que los grandes corruptos no puedan ser investigados y castigados”.
En un acto en la sede del PSOE de Madrid, Robles se refería así a “la última ocurrencia del PP” en materia judicial -la Ley de Plazos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal-, y a la imposibilidad que han denunciado los fiscales de revisar todas las causas judiciales pendientes antes del 6 de junio.
Margarita Robles ha señalado que, “cuando los fiscales dicen que, por la ley del PP, casi 500.000 asuntos no podrán ser revisados, eso quiere decir que habrá muchos casos de corrupción que van a quedar impunes”. “La excusa, la trampa y el engaño es decir que se va a agilizar” la acción de la justicia, cuando “todo el mundo sabe que lo que hará es que el gran corrupto quede sin ser enjuiciado porque tiene un sistema, una red de sociedades opacas y de equipos en el extranjero” que trabajan para “dilatar y ganar tiempo”.
Robles denunció que durante estos cuatro años “el PP no ha luchado contra la corrupción, ha mirado para otro lado y ha puesto todo tipos de trabas e inconvenientes a los jueces” en el ejercicio de su labor. Frente a ello, aseguró que el PSOE representa el “verdadero compromiso por el cambio y por la regeneración democrática” en nuestro país. En este sentido, aseguró que el PSOE está comprometido en una “lucha contra la corrupción sin límites”, lo que se puede resumir en dos ideas: Aplicará “tolerancia cero contra la corrupción” y adoptará las medidas necesarias para que “la corrupción no pueda ser rentable”.
La número dos de la lista por Madrid ha manifestado además el compromiso socialista para “dotar de más medios a los jueces en la lucha contra la corrupción” y también para “potenciar y poner a los mejores y más formados en organismos como la UDEF y la UCO, que aportan material” a esa causas y “con una absoluta independencia, para que respondan exclusivamente ante los jueces”.
Respecto a las condenas, apostó porque estas “sean ejemplares”, de tal manera que “no haya ningún indulto a nadie condenado por corrupción”, tal y como recoge el programa electoral del PSOE. Del mismo modo que “no puede haber beneficios penitenciarios” para los corruptos que no devuelvan el dinero; un dinero que, además, debe ser perseguido por la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad, hasta “volver a las manos de los ciudadanos a los que se lo han robado”. También defendió el que “se impida que vuelvan a contratar con las administraciones públicas”, quienes han sido condenados por este tipo de delitos.
En cuanto a las medidas preventivas, Robles apostó por un régimen de incompatibilidades muy severo para cargos públicos y por una Oficina de Conflicto de Intereses “que funcione de verdad e imponga sanciones si hay incompatibilidades encubiertas”. Asimismo, se mostró en contra de las puertas giratorias, cuando tienen una relación con la actividad que se ha estado desempeñado como cargo público, y también de que los cargos públicos tengan cuentas en el extranjero. También defendió el compromiso ético de que “cualquier persona que está siendo investigada por posibles delitos de corrupción no pueda ir en las listas electorales”.
Igualmente abogó por una Ley de Contratos para las administraciones públicas muy estricta, que responda a los principios de transparencia y publicidad y sometida a los máximos controles por parte de la Intervención; vigilar las subvenciones, o apostar por un Tribunal de Cuentas que funcione.
Otro bloque de medidas serían las referidas al ámbito de la investigación de la corrupción, donde Robles defendió el “sí a las Comisiones de investigación en los Parlamentos”; “la supresión de los aforamientos con carácter general”, porque “el aforamiento no puede ser un blindaje” y “colaborar al máximo con los jueces”.