Pedro Saura: "El Gobierno no lleva al Congreso el techo de gasto y los objetivos de déficit por su soledad política"

El diputado socialista afirma que legalmente el Gobierno en funciones puede iniciar el proceso porque "tal y como recoge la propia ley, se trata de una cuestión de urgencia debidamente acreditada; porque no es un decreto ley; y porque se convalida en el Congreso y Senado, cámaras que no están en funciones"

04/08/2016

“El Gobierno no lleva al Congreso el techo de gasto y los objetivos de déficit por su soledad política”, ha afirmado hoy el diputado socialista Pedro Saura, ante la negativa del Gobierno del PP a iniciar el proceso, actitud por la que el Grupo Socialista pide explicaciones al ministro Montoro, solicitando su comparecencia en el Congreso. “Rajoy, utilizando el chantaje, se comporta como si tuviera mayoría absoluta –denuncia-, cuando lo que tiene que hacer es construir una mayoría para negociar el techo de gasto y el objetivo de déficit”.

"Desde nuestro punto de vista el Gobierno puede legalmente llevar al Congreso el techo de gasto y los objetivos de déficit", explica Saura. “Lo puede llevar por tres razones: tal y como recoge la propia ley, se trata de una cuestión de urgencia debidamente acreditada; porque no es un decreto ley; y porque se convalida en el Congreso y Senado, cámaras que no están en funciones”, ha argumentado, concluyendo que “no hay problema de legalidad, es un problema político, Rajoy en realidad no ha construido ni quiere construir una mayoría para aprobar el techo de gasto”.

Para que el Gobierno explique su negativa a iniciar el proceso, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una solicitud de comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, para que informe, con carácter urgente, ”de los motivos por los que el Gobierno considera que en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, así como del límite de gasto no financiero, no concurren las razones de urgencia o de interés general que la Ley 50/1997 requiere para que puedan ser adoptados por un Gobierno en funciones”.