PILAR LUCIO: “El Tribunal Constitucional deja claro que no puede privatizarse un bien público como es el suelo litoral”
Recuerda que el PP hizo la ley “sin ningún consenso, sin tener en cuenta la amenaza del cambio climático y dejando a un lado a la comunidad científica”.
La secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE Pilar Lucio ha valorado “muy positivamente” la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas aprobada por el PP en 2013 y que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Socialista. Lucio ha destacado que “el dominio público marítimo terrestre está determinado por la propia Constitución que exige su protección y no es posible manipular el mandato constitucional tal y como ha hecho el PP con la ley que aprobó y que ha sido en parte declarado inconstitucional”.
“Siempre hemos defendido que la privatización de un bien público de altísimo valor no es posible y que la Constitución no lo admite. Este era el argumento fundamental de nuestro recurso de inconstitucionalidad que el alto tribunal ha tenido en cuenta”, añadió.
En esta primera valoración, la responsable socialista ha manifestado que la sentencia del TC dice expresamente que resulta inadmisible la pretensión de excluir porciones del dominio público marítimo terrestre en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación. “La Constitución establece para la costa una especial consideración estimando su valor como ecosistema con una protección que esté alejada de toda especulación. La Ley del PP colocó los intereses privados por encima del interés general y esto no puede volver a suceder”, ha afirmado Lucio.
El dictamen también establece que las excepciones aprobadas sobre unos concretos núcleos de población ‘no implica la efectividad inmediata de la exclusión’ y habla de una desafectación de los bienes públicos ‘caso por caso’, contando con que se verifiquen los requisitos que permitirían esa exclusión mediante las necesarias resoluciones administrativas. En opinión de Lucio, “la Ley no puede hacer una excepción generalizada y esa interpretación de mayor exigencia que la que recogía la Ley ha de ser seguida para entenderla constitucional”.
La responsable socialista en materia de cambio climático ha recordado que “la ley del PP se hizo sin ningún consenso político, dejando a un lado también a la comunidad científica y sin tener en cuenta la amenaza del cambio climático. Tenemos la obligación y el compromiso de modificarla volviendo a situar el interés general por encima de los intereses privados”.