Soledad Cabezón recuerda que “el poder de legislar en nuestro Estado de Derecho reside exclusivamente en el Parlamento”

Señala que el informe reproduce dos tendencias ideológicas visibles en todo el debate del proceso y “no es vinculante para el Gobierno”

La Secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, se refirió este miércoles a las conclusiones del Consejo Fiscal que apuntan a la inconstitucionalidad del Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para recordar que “el poder de legislar en nuestro Estado de Derecho reside exclusivamente en el Parlamento”.

 

La responsable socialista de Igualdad señaló, “desde el respeto al informe del Consejo Fiscal”, que “no es vinculante” y que aunque se estudiarán todas las sugerencias y recomendaciones que se hagan por parte de los órganos consultivos para mejorar la ley, “será el Parlamento el que tenga la última palabra”.

 

Para Cabezón, “este informe reproduce, nuevamente, las dos tendencias ideológicas que se han venido debatiendo a lo largo del proceso anterior a la presentación del Anteproyecto, en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, en la Comisión de Personas Expertas creada por el Ministerio de Igualdad, así como en la ronda de consultas mantenidas por la ministra de Igualdad con el tejido asociativo interesado en la materia, y que seguirán manifestándose en el futuro del largo trámite que resta hasta la aprobación definitiva de la Ley”.

 

“Tampoco ha sido enorme la diferencia de votos sobre la constitucionalidad o no del Anteproyecto de Ley, por lo que no puede hablarse de ‘diferencia abismal’ entre una postura u otra, sino más bien de un resultado casi equilibrado entre ambas”, explicó la dirigente socialista.

 

Cabezón, que recordó que la constitucionalidad del anteproyecto de ley está avalada por reconocidos constitucionalistas -no sólo en la comisión de expertos, sino también en la subcomisión, como Pérez Royo, Mercedes García Aran o Francisco Balaguer-, subrayó una vez más que “el Estado tiene la obligación de auxiliar y proteger tanto a las mujeres que decidan, en base a sus derechos, continuar con su embarazo, como a aquellas que deseen ejercitar su derecho a interrumpirlo”. “Esto es lo que pretende el gobierno, abordando de una manera valiente la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó la responsable socialista de Igualdad.