Soraya Rodríguez denuncia que el Gobierno ha gastado más de siete millones de euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones

Afirma que "en apenas 80 días, el Gobierno ha tomado algunas decisiones que responden a grupos de intereses, pero no a los intereses generales de los españoles"_x000D_ _x000D_ _x000D_

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha denunciado hoy que el Gobierno ha gastado más de siete millones de euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones y ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno sobre ese gasto “a cargo del presupuesto publico”.

 

Soraya Rodríguez se ha referido a las dos cartas enviadas por el Ministerio de Empleo a los pensionistas, “una para anunciar la subida de las pensiones con alegaciones propias de un panfleto del PP”; otra, firmada por la Directora General, “afirmando que la subida de impuestos hace que la pensión baje”. “Esto ha costado siete millones de euros. Cuatrocientos cincuenta mil euros en papelería y 36 céntimos de euro por el envío de cada carta”, ha asegurado.

 

Durante la pregunta a la vicepresidenta del Gobierno en la sesión de control, la portavoz socialista ha criticado que, “en apenas 80 días, el Gobierno ha tomado algunas decisiones que responden a grupos de intereses, pero no a los intereses generales de los españoles”.

 

En primer lugar, ha señalado, “la reforma laboral atiende, sin ningún equilibrio a los intereses de las organizaciones empresariales”, mientras llevan a cabo “una campaña de descalificación de los sindicatos y de intoxicación contra todos aquellos que estamos en contra de la reforma”.

 

Por otro lado, ha continuado desgranando, “tras una aparente negociación con las compañías eléctricas parece que éstas les han ganado el pulso y que el déficit tarifario lo van a pagar sólo los consumidores” a través de una anunciada subida de la luz, después de las elecciones andaluzas y asturianas.

 

Sobre la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, ha dicho que “responde exclusivamente a los intereses de un sector de la Iglesia Católica que pretende imponer por Ley su moral y sus creencias religiosas”.

 

También se ha referido a otras decisiones que “responden únicamente a la propaganda gubernamental”, como el código de buenas prácticas “voluntario para la banca y restrictivo para el colectivo beneficiario”.

 

“Para los bancos, un código voluntario de buenas prácticas; para las mujeres otro código bien distinto, el Código Penal”, le ha reprochado a la vicepresidenta.