Trinidad Jiménez defiende la validez de la actual Ley del aborto que “responde a nuestro tiempo y a las demandas de la sociedad actual”

Destaca de la norma que reconozca la maternidad como “fruto de una decisión personal, nunca de imposiciones ajenas”

La Secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha defendido la validez de la actual Ley de salud sexual y reproductiva porque es una ley “de prevención e información, de protección y garantías”. “Una ley reflexionada y equilibrada que responde a nuestro tiempo y a las demandas de la sociedad actual”, en la que la maternidad es “fruto de una decisión personal, nunca de imposiciones ajenas”.

Jiménez, que ha participado esta mañana en una Mesa redonda, en Málaga, sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, ha recordado en su intervención que los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos por la Comunidad Internacional en diversos textos internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas, como de la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea.

“Estos derechos son, por tanto exigibles, universales, inalienables e inherentes a todas las personas. Entrañan responsabilidad para los individuos y para los Estados, y deben construir una de las bases primordiales para las políticas sanitarias, sociales y de desarrollo de cualquier país”, ha asegurado.

Centrándose en el caso español, la dirigente socialista ha señalado el “gran avance” que supuso la Ley de 1985 que hizo posible el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro, cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas. Sin embargo, tras un cuarto de siglo de aplicación se constató que “este marco jurídico estaba generando incertidumbres”, que afectaban a la seguridad jurídica tanto de las mujeres como de los profesionales sanitarios y además se hacía necesario reforzar la garantía de equidad en el acceso a esta prestación sanitaria.

En este contexto, Jiménez ha explicado la reforma de la norma efectuada en 2010 por un gobierno socialista que garantiza estas deficiencias y adecúa nuestro marco normativo al consenso de la Comunidad Internacional mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. Además refuerza las actuaciones en salud sexual y reproductiva y la información sobre derechos y beneficios a la maternidad, actuaciones que contribuyen a evitar embarazos no deseados.