Trinidad Jiménez denuncia que el recorte para dependencia en los PGE supone “un ataque a la sostenibilidad económica del sistema de dependencia” y “destruirá empleo”

Madrid, 9 de abril de 2012.- La Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, denunció este lunes que la supresión de 283 millones de euros del nivel acordado de la Ley de Dependencia en los PGE es “un ataque a la sostenibilidad económica del Sistema de Dependencia, que ya beneficia a 750.000 personas, y pone en riesgo la calidad de su atención y su implantación definitiva”.

Así lo aseguró durante la reunión que mantuvo esta tarde en Ferraz con representantes de la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla la Mancha, en la que también participó la portavoz socialista en la Comisión de Servicios Sociales del Congreso, Rosa Aguilar.

A juicio de Jiménez, este “drástico” recorte del presupuesto en dependencia “es también un ataque al empleo en el sector de atención a la dependencia, y destruirá numerosos puestos de trabajo”, ya que- recordó-“en los cuatro primeros años de implantación el sistema ha creado 123.000 empleos directos y 63.000 indirectos”.

La dirigente socialista recordó que la Ley de Dependencia obliga a las CCAA a aportar, al menos, la misma cantidad que les aporta el Estado para la atención a las personas en situación de dependencia. Por tanto, subrayó que el Gobierno, al eliminar en los PGE 283 millones de euros de los créditos destinados directamente a las CCAA para Dependencia, está eliminando también los 283 millones que deberían aportar las CCAA. “En realidad se trata de un recorte de 566 millones de euros”, denunció.

Por otro lado, Jiménez aseguró que “no es verdad que el Gobierno del PP haya aumentado la dotación presupuestaria para los créditos correspondientes al nivel mínimo de protección”, puesto que en 2011 el importe final de los créditos ascendió a 1.286 millones de euros y en los PGE de 2012 estos créditos se cifran en 1.287 millones de euros. Además, la dirigente socialista añadió que “no se puede pretender compensar la eliminación del nivel acordado con este supuesto aumento de los créditos, ya que el nivel mínimo es una obligación del Estado y, en caso de insuficiencia presupuestaria, se tiene que suplementar, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios presupuestarios”.

Trinidad Jiménez denunció que el recorte del Gobierno “vulnera la propia Ley de Dependencia en numerosos artículos (entre ellos el 7 y el 10), ya que el nivel acordado es uno de los tres niveles de financiación del sistema de dependencia y es una obligación para el Estado y, por tanto, se puede minorar pero no eliminar”.

“En los tres últimos años (2009, 2010 y 2011), a pesar de la crisis económica y las restricciones presupuestarias, el Gobierno socialista mantuvo los créditos del nivel acordado en 283 millones de euros cada año, mientras que el PP en su primer presupuesto elimina un nivel de protección por la puerta de atrás reduciendo el presupuesto de dependencia global de la Administración General del Estado en un 18%”, concluyó.