Consejo de Ministros

El Gobierno registrará los incidentes racistas y xenófobos para combatirlos

La Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia prevé la creación de un registro de incidentes racistas y discriminatorios y recomienda modificar el Código Penal para que se castigue cualquier acto de incitación al odio.

Madrid, 4 nov (EFE).- La Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, aprobada hoy por el Gobierno, prevé la creación de un registro de incidentes racistas y discriminatorios y recomienda modificar el Código Penal para que se castigue cualquier acto de incitación al odio.

El Gobierno pretende con esta iniciativa articular y dinamizar la acción que desarrollan los poderes públicos y la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la xenofobia para intentar dar una respuesta más eficaz ante estas situaciones, con instrumentos similares a los de otros países europeos.

Así, plantea la mejora de los sistemas de recogida de información estadística institucional, el fortalecimiento de las redes de cooperación entre entidades e instituciones y el diseño de planes de prevención dirigidos a grupos especialmente vulnerables. La estrategia se dirige a toda la sociedad, aunque contempla situaciones específicas de determinados colectivos, como la

población gitana y los ciudadanos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Entre ellos, incluye a las personas de origen migrante, refugiadas, menores no acompañados o aquellas que puedan sufrir una discriminación múltiple por razón de género o convicciones
religiosas.

Destaca la importancia de conocer la evolución del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia para la articulación de políticas activas y de medidas
de prevención y protección eficaces. La Estrategia Integral expone que las actitudes y manifestaciones discriminatorias y los hechos de violencia y odio por origen racial o étnico están presentes en la sociedad española. Señala la voluntad de evitar el riesgo que su persistencia
podría significar, tanto para el pleno disfrute de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas, como para la convivencia y la cohesión social del país.

La directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez, ha concretado que la estrategia mejora la definición sobre racismo para que el Ministerio de Interior pueda incluir en un registro los casos que se produzcan, con criterios similares a los de otros países europeos. Además, plantea la conveniencia de modificar los artículos 510 y 607 del Código Penal, para eliminar distintas interretaciones de los tribunales sobre la comisión de estos delitos. Según Rodríguez, se aconseja sustituir en la definición del delito, que penaliza "aquellos actos que provocaren discriminación" por aquellos que "incitaran", para que no sea obligatorio la existencia de un perjuicio real.

La actual definición provoca "que queden fuera en ocasiones, sin castigar, delitos por difusión e incitación al odio".

"El término incitación cubriría todas las nuevas situaciones que surgen, que tiene que ver con internet y la difusión de determinadas ideas a través de la red, sin que dependa de la voluntad del legislador", ha explicado la directora general. La Estrategia integral contra el racismo, que hace especial hincapié en el empleo y en la discriminación racial en el ámbito laboral, ha sido sometida a la consulta del Foro para la ntegración Social de los Inmigrantes, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por origen racial o étnico, la Comisión Interministerial de Extranjería y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

La estrategia, que el Gobierno considera un instrumento clave en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, articula y coordina la acción de los poderes públicos y la sociedad civil ante los retos que plantean las actitudes y manifestaciones racistas. "Erradicar la discriminación en nuestro país en todos los aspectos es una cuestión de principios democráticos y de principios
constitucionales; es una cuestión de derechos humanos y por tanto ha de ser prioritaria la cooperación de todas las administraciones, que es lo que canaliza la estrategia aprobada", ha señalado el portavoz del Gobierno, José Blanco, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. EFE