Pensiones, ejercicio de responsabilidad

Carlos González, Diputado del PSOE por Alicante

La propuesta formulada por el Gobierno de España sobre el futuro de las pensiones, planteando fijar de forma progresiva un nuevo límite legal de jubilación a los 67 años, dos años más que el tope actual, se trata a mi juicio de un planteamiento serio y sobre todo muy necesario, cuya formulación constituye un ejercicio de responsabilidad política del Presidente Zapatero. Cuyo propósito no es otro que garantizar el sistema público de pensiones para las personas que se jubilen a partir de la próxima década y las siguientes.

No hablamos de las pensiones de hoy. No. Afortunadamente, el actual sistema goza de una salud de hierro, como ha recordado el ministro Corbacho hace unos días. Hablamos de futuro; el objetivo del Gobierno es que continúe igual de saludable en los decenios venideros. No obstante, siendo esto así es normal que muchos ciudadanos se pregunten ¿Por qué ahora?. Si nos alejamos del discurso que quizá sea más fácil articular, analizamos dónde estamos y cuáles son las perspectivas de la población española para las próximas décadas, no es complejo concluir que probablemente éste sea un momento muy propicio. Ahora cuando, pese a la crisis económica, el superávit en 2009 de la Seguridad Social ha sido superior a los 8.000 millones de euros; cuando se cuenta con 62.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva; cuando por cada pensionista hay 2,59 cotizantes a la Seguridad Social; y especialmente ahora cuando todavía no nos apremia el tiempo y podemos ser capaces de decidir con perspectiva siendo plenamente conscientes de que estamos inmersos en una compleja tendencia demográfica que nos llevará a que, en 2050 por cada pensionista haya 1,33 cotizantes, es decir prácticamente la mitad.

Además, la reflexión sobre la oportunidad del momento no puede perder de vista que en 2049 la población mayor de 64 años se habrá duplicado respecto a la actual, siendo el 32% del total, alrededor de 16 millones. Eso es así por razones de natalidad y, sobre todo, por el progresivo aumento de la expectativa de vida. España, tras Japón, es el país del mundo con una mayor longevidad de sus habitantes. En ese periodo de tiempo, hasta 2049, la población entre los 16 y los 64 disminuirá en casi 6 millones de personas y por cada 10 personas en edad de trabajar habrá 9 menores de 18 o mayores de 65 años.

Parece por tanto evidente que la sostenibilidad del sistema estaría entonces gravemente comprometida, lo que exige que se deban abordar medidas cuanto antes para que, sencillamente, el sistema público de pensiones sea sostenible y en ningún momento se perciban riesgos sobre su viabilidad. En consecuencia, lo que planteamos es que es oportuno ponerse a trabajar sin dilación. Es lo que ha hecho el Gobierno y el propio Zapatero al impulsar su propuesta, una alternativa abierta al debate, hecha con la pretensión de escuchar alternativas y sobre todo con ánimo de consenso.

Por ello, considero necesario resaltar que la posición del Gobierno supone un ejercicio de coherencia y de responsabilidad política, pese a los evidentes riesgos de incomprensión e impopularidad que a corto plazo ello pueda suponer. ¿Acaso sería mejor para nuestro país, dejar ese asunto a quien sea presidente del Gobierno en el año 2020 y desentenderse en estos momentos? como dijo recientemente el propio Zapatero. Es una cuestión de honestidad, de compromiso y también de coraje político; Zapatero hoy, como Felipe González en 1995 cuando impulsó el Pacto de Toledo, persigue que las pensiones públicas de los próximas 20 ó 30 años queden amarradas en España desde ahora mismo.

Nuestro sistema de pensiones es uno de los logros más preciados del Estado del Bienestar que hemos construido a lo largo de nuestra Democracia y su reforma es una necesidad inaplazable para garantizar su sostenibilidad futura. El espíritu que mueve al PSOE a proponer cambios importantes no es otro que asegurar que mantenga intacto su vigor, su solidez y la sujeción a los principios de contributividad, universalidad, equidad y solidaridad intergeneracional que lo sustentan y orientan su evolución. Tras la propuesta y tras las legítimas reacciones de cada cual llega el momento del diálogo, la reflexión serena y el consenso político que son los instrumentos de que se valen los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo. En consecuencia, es el momento de que todos, partidos políticos y agentes sociales, hagamos un esfuerzo para mantener un debate sereno y constructivo, que nos permita llegar a acuerdos que sirvan para garantizar que todos y todas podamos mirar hacia el futuro con la certeza de que tenderemos una pensión pública garantizada y suficiente.