C. García de Andoin

Laicidad incluyente

Artículo sobre la cooperación del Estado en la financiación de las confesiones religiosas. En El País de 1 de octubre de 2006 en la sección de Debate

La política religiosa de un Gobierno socialista en esta legislatura en materia de financiación debía afrontar prioritariamente dos objetivos históricos largamente pospuestos. El primero, sustituir un modelo de financiación a través de una dotación presupuestaria por uno basado, sí, en la cooperación del Estado pero sobre la base de la libre voluntad de los ciudadanos. El segundo, afrontar y superar la histórica discriminación que sufrían las confesiones religiosas minoritarias en esta materia.

El primer objetivo se ha cumplido gracias al acuerdo alcanzado esta semana. Supone cerrar un ciclo abierto en 1840, brevemente interrumpido en la Segunda República, por el cual el Estado dotaba a la Iglesia católica con una partida del presupuesto directamente dirigida a la financiación del culto y clero. Recordemos que la primera ley de estas características fue impulsada por un Gobierno liberal bajo la regencia de María Cristina, que quiso contemporizar con el clero diocesano los graves conflictos provocados por una política anticlerical de exclaustración de las órdenes religiosas y de expropiación forzosa de los bienes de éstas, cuatro años antes, conocida como desamortización de Mendizábal.

Pero el sistema de dotación era desaconsejable para una sociedad democrática basada en el principio de libertad religiosa y de conciencia. Por ello los acuerdos Estado-Iglesia de 1979 incluyeron el compromiso de ambas partes de sustituir este sistema por el del porcentaje del IRPF, lo que supone una cooperación del Estado con la financiación de la Iglesia católica pero basado en la libre voluntad de los ciudadanos, y particularmente de los católicos.

El segundo objetivo está siendo afrontado por el Gobierno a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, puesta en marcha por el Ministerio de Justicia y directamente por la Dirección de Asuntos Religiosos. Según consta en la memoria del ejercicio de 2005 ha habido una aportación del Estado de 2.606.920 euros a programas sociales y culturales de judíos, protestantes y musulmanes (FCJE, FEREDE, UCIDE y FEERI). Ha sido un notable avance, pues su acción de solidaridad social, de educación, así como de promoción cultural y artística no encontraba un cauce adecuado de apoyo en las instituciones públicas. De esta manera, no obstante, tal objetivo se cumple sólo parcialmente. De hecho, la cuantía que ingresa la Iglesia católica -ahora a través del 0,7% del IRPF- no es empleada sustancialmente para programas culturales, sociales y educativos, los cuales obtienen ayudas por otras vías, como es el caso de los colegios concertados, de Cáritas o de los programas de rehabilitación del patrimonio histórico.

Por ello, lo justo para superar la discriminación existente debería ser extender la opción del porcentaje del IRPF a las confesiones religiosas que tienen suscrito acuerdo de colaboración con el Estado. (Como también es necesario incrementar al 0,7% la casilla de los otros fines sociales, para ONG).

Hay quienes consideran que el Estado no debe cooperar en materia de financiación con las confesiones religiosas. Ello bajo el supuesto insostenible y nada científico de que las fes son un asunto íntimo; también bajo el principio poco tolerante, escasamente laico, y nada democrático de exclusión del papel de la religión de la vida pública; también bajo una idea de neutralidad pasiva del Estado respecto del hecho religioso que es incompatible con el pacto constitucional. El hecho religioso tiene una dimensión cultural y pública, también política, insoslayables. También es una decisión íntima tener un hijo y, sin embargo, son necesarias políticas de natalidad y políticas de familia, con asignación de recursos públicos ingentes porque en las decisiones de los individuos se juega el presente y el futuro de una sociedad.

Manuel Valls, socialista francés, alcalde de Evry, que fuera director del gabinete de comunicación de Lionel Jospin, sostenía hace unos meses que el concepto de laicidad de la República francesa era decimonónico y absolutamente insuficiente para abordar los desafíos que tiene planteadas nuestras sociedades. Hablaba en particular de la necesidad de ayudar a construir un islam compatible con la democracia, lo que requería la cooperación activa, no la neutralidad, del Estado francés en la construcción de mezquitas, en su sostenimiento, en la formación de imanes, etcétera. La neutralidad implicaba dejar el desarrollo del islam en Francia en manos de un integrismo promovido y financiado por algunos gobiernos islamistas con objetivos políticos. Éste es también un desafío para España.

La democracia, no exenta de amenazas, necesita una sociedad civil fuerte, con agentes intermedios articuladores de una ciudadanía activa y exigente. Sin la cooperación del Estado en la financiación de la actividad de sindicatos, ONG, movimientos sociales, organizaciones culturales, producción de cine, teatro, música, confesiones religiosas y los propios partidos políticos, todos estos agentes quedarían enormemente debilitados para cumplir su función y servicio social. A todos los miembros de estas organizaciones hay que exigirles un compromiso económico, pero hemos de reconocer realistamente que éste no basta. Y hay que decir, siendo fieles a la verdad, que probablemente los cristianos católicos seamos los que más contribuimos con nuestra economía personal a la financiación de las organizaciones en las que participamos. Desde luego está comprobado que las ONG más No Gubernamentales, esto es, menos dependientes de la financiación de instituciones públicas y con más recursos propios, son las católicas.

Todavía hay otros objetivos pendientes, en particular el relativo a las diversas exenciones fiscales. El cumplimiento de la reclamación de la Unión Europea de eliminación de la exención del IVA es un paso. Pero hay que dar más. A muchos católicos nos da vergüenza saber que tenemos privilegios fiscales de los que no disfrutan las ONG. Ése sería el criterio: si hay exenciones fiscales que éstas seas las mismas para todos, confesiones religiosas y ONG. Ni más ni menos.

Todo ello no obsta para pedir a la Iglesia, aunque esto no corresponde ya al Gobierno, una gestión moderna y eficaz de sus dineros y patrimonio, con criterios éticos. Hay diócesis con unos coeficientes de autofinanciación del 86%; ése es el camino. El acuerdo logrado no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, pues lo previsible a 10 años vista es que vaya a disminuir sustantivamente el número de personas que ponen el aspa en la casilla de la declaración, dada la sociología del creyente español. No valdrá en ese momento reclamar al Gobierno un nuevo incremento del porcentaje.

La labor de la vicepresidenta De la Vega está empezando a dar frutos. Mejor una laicidad incluyente; pero si al menos es inteligente, como dice el cardenal Amigo, ya está bien. La Iglesia no debe renunciar a sus planteamientos, particularmente si se corresponden con el Evangelio, pero también obtendrá más frutos si se plantea un talante episcopal menos dogmático y más inteligente.