Hablar de la hoja de ruta del cambio significa, en primer lugar, tratar de analizar el proceso que en cuatro años nos ha conducido desde la mayoría absoluta del Partido Popular hasta el día de hoy. Porque el cambio político en España, digan lo que digan quienes se vieron sorprendidos por él,  no es un fenómeno que se gestara de forma súbita e inopinada en la noche del 13 de marzo al compás  de un calentón emocional de la opinión pública. Seguir defendiendo esa tesis nueve meses más tarde puede ser humanamente explicable, pero atenta contra la racionalidad política; o si lo prefieren, contra la racionalidad  a secas.

Lo que dice la razón, y con ella la verdad histórica, es que el cambio ha sido una consecuencia, el precipitado químico de un conjunto de elementos que fueron acumulándose en la vida política española a lo largo de la pasada Legislatura. Elementos que tienen que ver con los errores de quienes gobernaban, con los aciertos de quienes aspirábamos a gobernar y también con la propia evolución de la sociedad durante esos años. Y esos elementos, como trataré de explicar a continuación, no eran invisibles; estaban ahí, a la vista de quien quisiera reconocer la realidad y tenerlos en cuenta. Obviamente, ese no fue el caso de los dirigentes del Partido Popular.

Hablar de la hoja de ruta del cambio es también hacerlo sobre la marcha de España a partir de la formación del nuevo Gobierno;  tratar de establecer los ejes de su actuación a medio plazo; y naturalmente, reflexionar sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que pensamos que debería ocurrir en los próximos meses.

Cuando el equipo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero se hizo cargo, en julio de 2000, de la dirección del Partido Socialista, no teníamos, como he dicho, un plan completo y acabado de lo que íbamos a hacer. En realidad, sólo teníamos dos cosas absolutamente seguras:

La primera era la firme voluntad de que el Partido Socialista recuperara su virtualidad como el instrumento de gobierno de la mayoría social progresista que existe en España.  Ello pasaba por ir restableciendo el crédito político de nuestro partido ante los sectores sociales, integrantes de esa mayoría progresista, que se habían distanciado de nosotros. La construcción de una alternativa de gobierno creíble y deseable no ha sido un proceso espectacular, como el del 82, lleno de golpes de efecto y de momentos memorables; ha sido más bien un proceso paulatino pero efectivo y palpable.

Lo segundo que sabíamos era que eso teníamos que hacerlo necesariamente con un nuevo proyecto político para la España de principios del siglo XXI y con un estilo de actuación totalmente distinto al que ha dominado la  política española en los últimos años.

No bastaba con sacar del baúl de los recuerdos el clásico discurso redistributivo de la socialdemocracia; había que responder con claridad y con decisión a las inquietudes de la gente en el momento actual.  Había que responder a la pregunta elemental que implícitamente se hace a todo político que aspira a gobernar: ¿Qué quiere usted hacer con este país, con España, en los próximos años?,   y explicarlo de forma que todos lo entendieran.

Por otra parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha resultado  ser la persona ideal para actuar como dicen que deben hacerlo los buenos políticos: en la oposición, con el rigor y la prudencia de quien está en el gobierno. Y en el gobierno, con el entusiasmo y la sensibilidad de quien está en la oposición.

Él entendió desde el principio que no es útil ni sano comportarse en la oposición como si las elecciones fueran a celebrarse al día siguiente. No es verdad, por mucho que lo digan ciertos manuales de marketing político, que todos los días de todos los años sean campaña electoral.  No es así para los ciudadanos y tampoco debería serlo para los responsables políticos. Porque quien así actúa se equivoca y además termina antes o después haciendo daño a su país.  

Pero hablando de elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero también entendió dos axiomas que con frecuencia se olvidan: primero, que las elecciones son sobre la gente, y no sobre los partidos. Segundo, que las elecciones son sobre el futuro, que no se vota por agradecimiento sino por expectativas.

La decisión de construir una alternativa de gobierno capaz de merecer la confianza de la mayoría; un nuevo proyecto político adaptado a la realidad de la España de hoy; y una pauta de actuación conectada con el clima imperante en la sociedad –mucho más serena y tolerante que sus gobernantes– y orientada a restablecer un debate político racional, en el que los argumentos tengan algún valor y en el que la verdad y la mentira sean algo más que meros accidentes: 

Esas fueron las piezas con las que empezamos a escribir la hoja de ruta que condujo finalmente al cambio y a la formación de un nuevo gobierno socialista en España.

II. LAS RAZONES DEL CAMBIO

El ex-presidente Aznar ha hablado del resultado del 14 de marzo como un vuelco electoral.  Si pasamos por alto lo avieso de la intención con que se dijo, a mí no me molesta la expresión. Efectivamente, hay que considerar que cuando un partido que gobierna con una cómoda mayoría absoluta es enviado por los ciudadanos directamente a la oposición, estamos ante un vuelco de la situación política y electoral. 

Lo importante es saber cómo y por qué se produce ese hecho. No pretendo extenderme demasiado en un análisis retrospectivo de lo que ocurrió hace ya casi un año porque creo que tiene más interés hablar de lo que hoy ocurre y de lo que puede ocurrir mañana, pero permítanme algunas consideraciones.

A mi juicio, el Gobierno del Partido Popular, y muy singularmente su Presidente, cometieron en su segunda Legislatura tres errores de fondo:

El primero fue interpretar equivocadamente la mayoría absoluta que obtuvieron en el año 2000.  Es ya un tópico, pero un tópico muy real, recordar que la sociedad española sigue siendo mayoritariamente progresista. Con ello no quiero decir que ningún partido cuente a priori con el apoyo de la mayoría; pero es verdad que el conjunto de principios y valores que convencionalmente se identifican con las políticas progresistas y socialdemócratas tienen en nuestra sociedad una clara hegemonía sobre los principios y valores del conservadurismo neoliberal.

Ello no impide, como de hecho ha ocurrido, que un partido conservador pueda ganar las elecciones. Pero sí hace que un gobierno de la derecha esté obligado a aproximarse  –o al menos, a respetar– los valores socialmente dominantes para no generar rechazo.

Pues bien, el Gobierno del PP creyó ver en el resultado del 2000 una inexistente mutación ideológica del país que le permitiría realizar abiertamente –o, como diría Aznar, sin complejos– una política inequívocamente derechista.

Alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como don Javier Tusell, comentando el libro que publicó el ex presidente tras salir del gobierno, llegaba a la siguiente conclusión:

Sus interpretaciones son de una simplicidad y de un derechismo asombrosos. Lo que este libro descubre es el grado de identidad de José María Aznar con el neoconservadurismo  radical. Con lo que el lector descubre, entre aterrado y perplejo, que hemos estado en manos de una minoría que está a la derecha de la derecha española, que está a la extrema derecha del cosmos. 

El segundo error fue no entender que a los gobernantes se les mide en los grandes momentos, cuando la sociedad se siente golpeada y amenazada. En la pasada Legislatura hubo varios momentos de esa naturaleza: una catástrofe ecológica sin precedentes, una guerra que conmovió al mundo y un atentado terrorista de enorme salvajismo.  Pues bien, lo que la gente vio fue que en esos tres momentos su gobierno tomada el camino equivocado y, además, trataba de disfrazar la realidad. ¿A quién puede extrañar que eso se pague en las urnas?

El tercer error, el más importante, fue creer que se puede gobernar frente a todos.  Recordemos que en la pasada Legislatura el Gobierno soliviantó a los trabajadores y provocó una huelga general; se enfrentó a toda la comunidad educativa; atacó y despreció a todos los grupos políticos de la Cámara;  hirió la sensibilidad de la población con su inaudita torpeza en el manejo de la crisis del Prestige ; y desafió a la opinión pública embarcándose en el apoyo a una guerra  que nadie entendía ni aceptaba. Eso por no hablar de las tensiones territoriales, atizadas a propósito para mejor envolverse en  la bandera, o la negativa a recibir a los presidentes autonómicos que no fueran de su propio partido.

Todo ello fue creando potentes focos de agravio y malestar en la sociedad española que antes o después tenían que salir a la superficie. Y salieron cuando toca hacerlo en democracia: en el momento de votar.

El voto del 14 de marzo fue, ante todo, un voto por un cambio en la orientación de las políticas. Se percibía una clara necesidad de cambio en las políticas sociales, en la educación, en cuestiones de gran sensibilidad ciudadana como la vivienda, la calidad del empleo o la seguridad pública, además de aspectos básicos de nuestra política exterior como el papel de España en Irak o nuestra posición en la Unión Europea. En todas esas cuestiones el discurso y la propuesta del Partido Socialista se aproximaba más a los deseos de la mayoría que la política del gobierno del PP. Y lo mismo ocurría con nuestra visión de una España cohesionada y a la vez plural y diversa, frente al rígido neocentralismo de Aznar. No se trata de cuestiones menores y, por tanto, el cambio hubiera quedado ya justificado por ese motivo.

Pero además está el tema de las formas y los talantes. Nunca ha estado tan claro como lo está hoy que en política el fondo y la forma forman un todo indistinguible e inseparable: que la forma de gobernar forma parte esencial del contenido de la acción de gobierno y de cualquier proyecto democrático .

La búsqueda del consenso, del diálogo y la transparencia han devenido una condición esencial de legitimidad y de eficacia de la acción política; una condición de viabilidad de las decisiones. Las urnas no autorizan a gobernar desafiando o desconociendo las convicciones de la gente. El despotismo ilustrado, en nuestros tiempos, no sólo es moralmente inaceptable; además, es ineficaz. Sobre todo si, como ha ocurrido aquí, tiene mucho de despótico y muy poco de ilustrado.

Al convertir esos valores en uno de los rasgos esenciales de su Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho coincidir la exigencia ética, la inclinación personal y la funcionalidad política. Y cuando tal cosa ocurre, los valores funcionan y pasan a ser herramientas útiles de trabajo. Zapatero se ha propuesto demostrar que se puede hacer política y gobernar jugando limpio; y estoy seguro  de que lo conseguirá.

Lo que no tenía sentido es que en la calle se respirara un aire razonablemente limpio, un clima de tolerancia y convivencia civilizada, mientras en la vida política alguien se había empeñado en hacernos respirar cada día el azufre de la discordia, del enfrentamiento programado, el gesto hosco y el uso de la palabra no para decir sino para herir.  Que un votante del PP y uno del PSOE pudieran convivir amigablemente mientras que un político del Gobierno y uno de la oposición parecían abocados por el guión a hablarse con odio. Los frutos de esa política se vieron el sábado en Madrid. También por eso se necesitaba el cambio.

Se ha formulado toda suerte de hipótesis, no siempre desinteresadas, sobre el impacto del atentado del 11 de marzo y de lo que ocurrió en los días siguientes sobre el resultado de las elecciones. No me detendré demasiado en este tema al que, a mi juicio, se le han dado demasiadas vueltas y demasiado retorcidas. Mi opinión al respecto se resume en tres puntos:

1. Es evidente que el impacto emocional del atentado contribuyó a aumentar la participación, llevando a las urnas a ciudadanos que quizá no hubieran ido a votar en otras circunstancias.

2. El efecto sobre la decisión de voto no guarda relación, a mi juicio, con el hecho mismo del atentado, sino con los días posteriores. Está claro que el tratamiento informativo del suceso por parte del gobierno produjo gran indignación en la población.

3. El 11 de marzo y lo que vino después no hizo sino cristalizar y hacer crecer una corriente de opinión que se había gestado en los meses anteriores. El conjunto de malestares creados por el gobierno en distintos campos quedó súbitamente condensado en un momento de máxima emotividad ciudadana.

La actuación del Gobierno en aquellos días contribuyó a convertir el deseo de cambio preexistente en una auténtica pulsión de cambio; un deseo no ya difuso sino muy concreto y muy intenso.

Así pues, el 11 de marzo y las jornadas posteriores no invirtieron la tendencia electoral; más bien aceleraron la tendencia que venía de atrás y probablemente aumentaron la dimensión de sus efectos.

En todo caso, más allá de su interpretación coyuntural, las elecciones del 14 de marzo  marcan el inicio de una nueva fase en el desarrollo de nuestra democracia. Una fase de exigencia de participación y de transparencia, en la que la obligación de los gobiernos ya no será arrogarse la facultad de establecer el interés general, sino escuchar a los ciudadanos y obrar en consecuencia.  Si me permiten el recurso, podría decirse que, así como el 82 marcó el final de la transición, el 2004 ha abierto políticamente el siglo XXI en España.  

III. LOS EJES DEL CAMBIO

1. Las ideas generales

Dicen los psicoanalistas que para resolver un problema práctico a menudo es preciso acudir a la teoría. Como he dicho al principio, sería una fatuidad pretender que los socialistas sabemos exactamente todo lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años. Esta película que llamamos cambio se rueda día a día, pero tiene  un guión. Conocer ese guión, sus objetivos, sus ideas principales y el pensamiento que lo sustenta, ayuda sin duda a entender el sentido global de la acción del Gobierno y del Partido Socialista.

No se trata de ningún guión secreto. Hoy cualquier ciudadano español sabe que su gobierno apuesta decididamente por la unidad de Europa y por el papel protagonista de España en esa unidad; que está dispuesto a impulsar la renovación y la revitalización de la democracia y a impulsar los derechos civiles; que es beligerante en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres; que en su idea de la España autonómica, unidad y diversidad no son conceptos contrapuestos, sino complementarios y mutuamente necesarios;  sabe que otorgamos la máxima prioridad estratégica a la educación y al impulso de la investigación y de la innovación tecnológica; que nuestra política económica y social gira en gran medida en torno al eje empleo estable-vivienda asequible. Y sabe que su Presidente no tiene la menor afición a ejercer de padre represor respecto a los ciudadanos y desea desterrar la discordia como principio rector de las relaciones políticas. 

Por otra parte, recomiendo a todos que lean con atención la Resolución Política del  36 Congreso del PSOE. Admito que su calidad literaria no lo hace acreedor al Premio Cervantes, pero, una vez superado ese esperable obstáculo, ahí encontrarán casi todo lo que va a permitir entender, orientar y dar sentido de conjunto a la política socialista de los próximos años.

La Resolución contiene un proyecto de Gobierno para España; pero contiene también algunas aportaciones importantes desde el punto de vista de la renovación ideológica del socialismo y su adaptación a las nuevas realidades. Como en ella se dice,

Es imposible verse afectado por una revolución en la tecnología, una revolución en las estructuras sociales, una revolución en los papeles sexuales y una revolución en la comunicación sin que los partidos nos demos por enterados de su impactos sobre la acción política. 

Y una vez enterados de que el mundo ha cambiado a nuestro alrededor,  una reflexión de calado ideológico que me permito leer literalmente:

A principios del siglo XXI, la explotación tradicional ya no es el único factor de desigualdad e injusticia, sino que ha sido sustituida por otros tipos de formas de exclusión social que nuestra sociedad genera. La sociedad de explotadores y explotados ha ido dando paso a una sociedad de integrados y excluidos (…) La utopía realizable de la izquierda en este momento histórico es la construcción de una sociedad integradora e incluyente, democráticamente avanzada, que sea además respetuosa con el medio ambiente, permita el desarrollo de los proyectos personales de vida de todos  sus integrantes y en la que exista una igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres.

Supongo que en este auditorio no es preciso subrayar el avance trascendente que esto supone respecto al discurso histórico del socialismo: ya no luchamos preferentemente contra la explotación, sino contra la exclusión social; y la lucha de clases ha dado paso a la lucha por una sociedad integradora e incluyente, basada además en el libre desarrollo del proyecto de vida de cada persona.

Estas ideas dan la clave final del proyecto político que estamos poniendo en marcha. Porque si hubiera que sintetizar ese proyecto y todas las políticas que lo integran en dos conceptos, en dos grandes objetivos globales, yo elegiría los siguientes: integración y modernización.

Podemos decir, que el conjunto de nuestro esfuerzo político en esta etapa histórica gira en torno a estos dos grandes objetivos:

Por una parte, construir una sociedad más integrada y por lo mismo más integradora, en la que todos sus componentes –ya sean personas, instituciones, grupos socioeconómicos o territorios– estén en condiciones de desarrollar su actividad de forma satisfactoria y contribuyendo al conjunto.  Reducir, pues, todo aquello que produce exclusión y desagregación.

Por otra parte, dar un nuevo salto adelante en la modernización de España para que nuestro país quede en condiciones de afrontar con todas las garantías los retos del siglo que acaba de comenzar, para que nunca más tengamos que lamentarnos de haber perdido el tren de la modernidad y del progreso. Eso se llama competitividad económica e innovación tecnológica, pero también se llama Educación, derechos ciudadanos y nuevas formas de acción política.

Permítanme que desarrolle un poco más estos dos conceptos en relación con los acontecimientos que estamos viviendo.

2. Una sociedad integradora e integrada

La política de la derecha en el  Gobierno ha tenido resultados desiguales en unos u otros campos, pero hay en ella un denominador común: en casi todos los ámbitos ha creado graves y preocupantes fenómenos de división y de desagregación social.

Se ha creado desintegración social en el ámbito laboral con unos niveles inaceptables de precariedad en el empleo y con medidas como el tristemente  famoso decretazo. Se ha creado desintegración en el mundo de la cultura con actitudes sectarias que en algún momento han hecho temer la aparición de un nuevo macarthismo. Se ha creado desintegración en el sistema educativo con leyes segregadoras, impuestas contra el deseo de todos los sectores de la enseñanza. Se ha permitido una entrada descontrolada de inmigrantes para a continuación señalarles con el dedo como causantes del aumento de la criminalidad. Se ha dividido y enfrentado políticamente a los ciudadanos y a los partidos, alimentando la crispación y condenando el diálogo como si fuera traición y rendición ante el enemigo. Se ha deteriorado la cohesión territorial creando agravios innecesarios, haciendo renacer el discurso de la anti-España y patrimonializando los elementos comunes de la de la convivencia, como la Constitución y la propia idea de España. Se ha creado una fractura de confianza entre España y las naciones más próximas de la Unión Europea y se ha roto el acuerdo en torno a nuestro papel en el mundo. Y por cierto, no quiero quedarme sin señalar que bastante daño ha hecho el PP a las relaciones de España con Marruecos para que cuando el Jefe del Estado está allí tratando de coser lo que ellos han descosido, lo único importante sea reivindicar el honor del señor Aznar,  supuestamente mancillado.

Así podría seguir para llegar siempre a la misma conclusión. Se ha roto mucho tejido de convivencia y de integración social  y ahora toca tejerlo de nuevo, si es posible con un  material más fuerte que lo haga más resistente en el futuro. Porque estamos persuadidos de que una sociedad integrada, en la que se sumen todas las capacidades y que permita a todos sus componentes una vida digna y libre, es la única que está en condiciones de ser eficiente en el nuevo siglo. También aquí coinciden la exigencia ética y la funcionalidad, el deseo y el deber.

Trabajamos, pues, para disponer de políticas socioeconómicas integradoras y para ello disponemos de una poderosa herramienta que nunca debió caer en desuso: la concertación social.

Trabajamos también por restablecer una política social activa, que logre liberar a los jóvenes de la tenaza que forman el empleo precario y la vivienda inasequible y que se ocupe también de proteger especialmente a las personas más débiles de nuestra sociedad, que son aquellas que no pueden valerse por sí mismas: las personas dependientes, la mayor parte de ellas personas mayores.

Trabajamos por lograr una integración razonable y positiva de la población inmigrante en nuestra sociedad. Una integración que sólo puede lograrse mediante un gran acuerdo político-social que se base en dos grandes principios: El control de la entrada de inmigrantes de acuerdo a nuestras posibilidades de acogida y, a continuación, su reconocimiento como ciudadanos a todos los efectos.

Y trabajamos por un mayor grado de integración en la vida política. Queremos recuperar la vigencia de elementos que están en el  código genético de nuestra democracia: el valor del consenso, el mantenimiento del diálogo por grandes que sean las discrepancias, la voluntad de construir en común los elementos esenciales de la convivencia, el sano temor a la confrontación y a la reaparición de las dos Españas.

A nadie puede extrañar, desde esos valores, que sepamos diferenciar entre dos ámbitos: el que se refiere al desarrollo de un programa de Gobierno, para el que contamos con el apoyo parlamentario de partidos progresistas que coinciden en esos objetivos programáticos, un apoyo al que queremos dar consistencia y estabilidad; y el que se refiere a las bases institucionales y a las reglas de juego, para las que hay que contar con todos y especialmente con el primer partido de la oposición, que ha gobernado, que puede volver a gobernar y que representa a diez millones de españoles. El hecho de que ellos no hayan respetado el mismo espíritu cuando han estado en el Gobierno no nos apea de nuestras convicciones ni nos exime de nuestra obligación.

Buscar la integración política es también subrayar más lo que nos une que lo que nos separa. Una de las virtudes de la Constitución Europea es que coincidimos en apoyarla la derecha y la izquierda, los nacionalistas y los no nacionalistas. De hecho, Europa nos une; el proyecto europeo es un punto de encuentro y un factor de cohesión entre los españoles.

2.1 El debate territorial

Trabajamos también por la integración territorial de España. Hace una semana escuché aquí mismo unas palabras de mi compañero Rafael Simancas que comparto plenamente: España cometerá un tremendo error histórico –decía Simancas– si dedica los próximos cuatro años a discutir sobre identidades territoriales y sobre su propia arquitectura institucional interna.

Será, efectivamente, un derroche de tiempo histórico y de energía colectiva. Porque además, como trataré de explicar a continuación, no hay motivo para ello.

Pero para eludir ese riesgo es importante que lo que se ha dado en llamar el debate territorial se desarrolle con racionalidad. Y ello exige analizar cada uno de sus aspectos con serenidad y sin hacer ese totum revolutum   en el que todo se mezcla para que nada pueda distinguirse con claridad.

Trataré, pues, de combinar brevedad y precisión para que quede clara la posición de mi partido en torno al variopinto conjunto de problemas que vienen englobándose –y con frecuencia mezclándose sin razón– bajo el título de debate territorial :
 
1. Lo primero que debo afirmar es que para nosotros el modelo de organización territorial del Estado Español no está sometido a revisión. Hablamos de un modelo cuya mayor virtud es precisamente lo poco que tiene de modelo, su carácter asimétrico, abierto y flexible, que le ha permitido dar soluciones distintas a distintas realidades históricas, culturales y sociológicas sin merma de la igualdad de derechos de todos los españoles.

Pero si por modelo de organización territorial nos referimos al que establece el Título VIII de la Constitución, repito: ese modelo, que ha demostrado su eficacia para garantizar la convivencia, la cohesión y la diversidad, no está sometido a revisión en este momento ni pretendemos que lo esté en el futuro.

Es frecuente que el Partido Popular, no sin cierta insolencia, nos exija airadamente que expliquemos nuestra idea de España; y que lo haga con el tono airado de quien le pide la documentación a un sospechoso. Nunca tuvimos una respuesta más sencilla, porque nuestra idea de España está plasmada por escrito en un texto que se llama Constitución Española; concretamente, en su artículo 2º y en su Título VIII. A veces sentimos la tentación de añadir: esa Constitución que nosotros votamos y ustedes no, aunque más tarde la hayan abrazado con tanta fuerza que han parecido querer quedársela sólo para ustedes.

España ha experimentado, desde la aprobación de la Constitución, un proceso intensísimo de redistribución de recursos y de competencias en todas direcciones: hacia los Ayuntamientos, hacia las Comunidades Autónomas y también hacia la Unión Europea.

En el devenir de los gobiernos autonómicos, podemos distinguir tres fases. En un primer período los ciudadanos veían a los Gobiernos autonómicos como instituciones dedicadas a una función esencialmente representativa. A continuación vino un largo período en que la actividad principal y más visible de los gobiernos autonómicos consistió en reclamar las competencias previstas en cada Estatuto, negociar su traspaso, recibirlas y prepararse para ejercerlas.

Ya no estamos en esa fase, aunque puede que queden algunos flecos competenciales por resolver. Hoy los gobiernos autonómicos, dotados de todas sus competencias, se han convertido en grandes maquinarias de gestión que manejan presupuestos muy importantes y gestionan muchos de los servicios públicos más esenciales para la sociedad.  Son, si se me permite la expresión, gobiernos de verdad, y así los ve la gente. El traspaso generalizado de las competencias de educación y de sanidad ha sido un paso decisivo en este camino. Lo cierto es que los ciudadanos saben que la mayor parte de las cuestiones que más les afectan en su vida cotidiana dependen en mayor medida de su gobierno autonómico que de ninguna otra administración.

¿Plantea eso la necesidad de revisar el modelo constitucional? A nuestro juicio, no. Más bien es una prueba del éxito histórico de ese modelo que, no nos engañemos, en su inicio tenía mucho de tentativo. Lo que ahora se plantea, pues, no es un problema de diseño del modelo autonómico, sino  múltiples problemas concretos de funcionamiento.  Lo que hay que hacer no es cuestionar el sistema, sino hacerlo funcionar eficientemente adaptándolo a la realidad de hoy, que ya no es la de hace veinticinco años; entre otras muchas cosas, porque hemos introducido en nuestras vidas una pequeña variable que se llama Europa. 

Algunas Comunidades sienten la necesidad de reforzar su identidad y su personalidad específica para sentirse más cómodas en el marco común que es España.  También desean ampliar su autogobierno.  Son aspiraciones legítimas que deben encontrar respuesta positiva. Pero ese no es el problema general. La mayor parte de las Comunidades Autónomas no tienen ni plantean en la actualidad problemas de identidad, pero todas tienen, todos tenemos la necesidad de hacer que el sistema funcione mejor. Y eso se llama, sobre todo, cooperación institucional y financiación suficiente.

2. Para resolver esos problemas, ya sean de identidad, de autogobierno o de mejor funcionamiento del sistema, en algunos casos se plantea la reforma de los Estatutos de Autonomía. No parece razonable oponerse por principio a esas reformas, y nos congratulamos de que el Partido Popular haya comenzado a abandonar esa posición.

No vamos a impulsar una reforma generalizada de los Estatutos de Autonomía, porque hay muchas Comunidades que no sienten esa necesidad; pero apoyaremos y participaremos activamente en las reformas que se planteen desde las propias Comunidades.

¿Lo haremos con algún criterio previo? Sí, con dos: el consenso como método de trabajo y  la Constitución como marco.

Todos los Estatutos de Autonomía que están hoy en vigor fueron aprobados en su día con el consenso de todas las fuerzas políticas y con grandes mayorías parlamentarias. Esa ha sido su fuerza y el secreto del éxito de una operación histórica de tanta envergadura como la transformación del Estado más centralista de Europa en el más descentralizado.

No hay ninguna razón para que renunciemos a ese nivel de consenso. No hay ninguna ventaja en excluir a ninguna fuerza política del diseño del marco de la convivencia y de las reglas de juego; y mucho menos si esa fuerza política es de las que tienen razonablemente la opción de gobernar en el futuro.

Es cierto, pues,  que las reformas en esta materia deben contar con una importante base de consenso político. Pero también lo es que no se puede esgrimir esa exigencia para bloquear cualquier iniciativa de reforma. La búsqueda del consenso no incluye la aceptación de vetos previos.

3. Los Estatutos de Autonomía, además, deben moverse, para merecer nuestro apoyo,  en el marco de la Constitución Española. Lo cual me conduce a dejar claro, por si no lo estuviera para alguien, un punto de gran importancia: no está abierto el proceso de reforma de la Constitución.

Hemos propuesto reformar el texto constitucional en cuatro temas  concretos que planteó el presidente del Gobierno en su investidura, a saber:

- La reforma del Senado.

- La igualación del hombre y la mujer en el orden de sucesión a la Corona.

- La denominación oficial de las Comunidades Autónomas.

- La incorporación de una referencia a la Constitución Europea.

Propondremos a las fuerzas políticas un acuerdo sobre estos puntos: un acuerdo que puede referirse tanto al contenido de la reforma como al procedimiento para su elaboración.  

El Partido Socialista no tiene la intención de promover ni de apoyar otras reformas constitucionales. Por si lo quieren más claro: no nos planteamos reformar el artículo 2º de la Constitución ni tampoco su Título VIII (salvo, eventualmente, en aquello que venga obligado por la reforma del Senado).   

4. Por otra parte, no aceptamos una dinámica política basada en la presunción de que estamos ante una amenaza generalizada a la unidad de España. La unidad de España no está en peligro ni nadie la está cuestionando excepto en un caso singular: el llamado Plan Ibarretxe . 

El Plan Ibarretxe, efectivamente, no es que viole la Constitución: simplemente, la ignora. Está redactado con el deliberado propósito de simular que no existe un marco constitucional al que debe ajustarse cualquier norma jurídica. Ese es uno de sus mayores vicios de origen, y precisamente por eso la mejor respuesta ante él es la aplicación estricta de la Constitución, que es lo que va a hacer el Congreso de los Diputados en el Pleno del 1 de febrero.

Esa es uno de los motivos que hacen rechazable el Plan Ibarretxe, pero no es el único:

El Plan Ibarretxe no soluciona ninguno de los problemas de Euskadi, y el lehendakari lo sabe.

Euskadi tiene un problema de violencia terrorista y el Plan Ibarrtexe no sólo no ayuda a solucionarlo sino, en todo caso, lo contrario. No puede ser casualidad que la mitad de lo miembros del Parlamento Vasco estén obligados a llevar escolta y que haya sido precisamente esa mitad la que ha votado en contra del Plan mientras los representantes políticos del terrorismo contribuían con sus votos a aprobarlo.

Euskadi tiene que encontrar una fórmula definitiva, aceptada por todos, para su inserción en España; el Plan Ibarretxe no ayuda a encontrar esa fórmula, sino que pretende impedirlo y lo impide. Porque ni Euskadi quiere realmente romper con España, ni España lo aceptará, ni ello es posible dentro de la Unión Europea.  

Euskadi tiene un claro problema de convivencia interna. Y ese problema no puede resolverlo un Plan de partido, impuesto contra la voluntad de la mitad de los vascos. Un Plan que tiene su origen en el Pacto de Lizarra, que fue un acuerdo destinado a expulsar a los no nacionalistas de la vida pública en Euskadi (aunque los etarras entendieron que se trataba de expulsarlos de la vida sin más).

 Todo esto lo sabe el lehendakari Ibarretxe y sin embargo no ha dudado en embarcar a su país en una aventura imposible hacia un callejón sin salida, de la que sólo se derivará frustración y enfrentamiento. 

Dicen que nunca llega uno tan lejos como cuando no sabe a dónde va. Al principio pensé que esto se podía aplicar al lehendakari; pero ahora creo que sí sabe a dónde va. Más bien pienso que le ocurre, como decía Julio Cortázar, que

La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar.

Por eso es tan grande su responsabilidad no ya política, sino moral.  Por eso, si persiste en su empeño,  quedará para siempre en deuda con su pueblo. 

El Congreso de los Diputados rechazará el Plan Ibarretxe. A partir de ahí, lo único sensato, y el Lendakari lo sabe, es iniciar un nuevo proceso: convocar a las fuerzas políticas vascas y negociar el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía vasco que mejore los niveles de autogobierno, respete la Constitución y represente a todos. Cualquier otro camino es disparatado, y el lehendakari lo sabe.

Mientras tanto, aplíquese el derecho positivo en vigor, que en este caso sigue siendo el Estatuto de Guernica. Por cierto, no habrá justicia en el mundo si alguien no levanta la voz para decir que el Estatuto de Guernica, al que quieren hacer un entierro de tercera después de haber gobernado gracias a él durante más de veinte años, ha sido y sigue siendo el instrumento más benéfico que jamás han tenido los vascos para su autogobierno y su  convivencia.  Pondremos todo de nuestra parte para que quienes hoy lo desprecian no tengan que añorarlo mañana. 

También sabe el Lendakari que el destino de su Plan no se juega en las próximas elecciones autonómicas. Porque el Plan será rechazado tantas veces como se presente en sus actuales términos, antes y después de las elecciones y cualquiera que sea su resultado.

Lo que esperamos de las elecciones vascas es que creen las condiciones para poner en pie ese Plan para la convivencia que necesita el País Vasco, que no lleve el nombre de nadie y que permita a todos los vascos sentirse cómodos  como vascos y como españoles. Y tal como están las cosas, eso exige, a nuestro juicio, un cambio de Gobierno en Euskadi.  Aunque sólo sea para hacer realidad el deseo de Voltaire:

Impedir que las gentes con sentido común sean esclavos de quienes carecen de él.

Por lo demás, el Partido Socialista seguirá apoyando al Gobierno de España en cuantas decisiones tome, dentro de su responsabilidad institucional,  para asegurar el imperio de la ley. Nos sentimos especialmente orgullosos de la forma firme, responsable y meditada con la que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho frente al desafío que ha supuesto el denominado Plan Ibarretxe.

5. Falta por abordar el tema del terrorismo de ETA, que ha saltado de nuevo al primer plano de la actualidad cuando la banda terrorista y sus representantes políticos han tratado, una vez más de hacer girar la vida política en torno a sus supuestas intenciones e iniciativas.

Llevamos demasiado tiempo soportando a los terroristas y conociendo su forma de actuar como para engañarnos a estas alturas. Nuestro propósito de hacer todo lo que haya que hacer para conseguir la paz es tan firme como nuestra convicción de que la paz sólo será posible el día que ETA abandone definitivamente las armas, y que tal cosa sólo ocurrirá cuando la organización terrorista se sienta operativa y políticamente derrotada. Lo cierto y verdad es que la política diseñada en el Pacto Antiterrorista es la que ha logrado que ese escenario esté hoy más cerca que nunca, y por lo tanto sería un error estúpido cambiar el rumbo cuando el seguido hasta ahora ha demostrado ser correcto. 

6. Una España moderna

He hablado de la modernización de España como el otro eje conductor de nuestra política. Probablemente la idea con la que se puede sintetizar la obra de los Gobiernos socialistas de Felipe González sea precisamente que, en esos años, España se transformó definitivamente en un país moderno.

Ahora queremos dar un nuevo salto histórico en esa dirección. Hoy no voy a extenderme sobre este aspecto, que merecería una conferencia entera para abordarlo con cierto rigor. Sí deseo apuntar una idea que me parece importante:

Cuando hablamos de modernización no nos referimos tan sólo a cuestiones económicas o tecnológicas. Claro que nos preocupan las noticias sobre la pérdida de competitividad de nuestra economía en los últimos años, como señalaba hace unos días Joaquín Almunia. Y claro que nos preocupa el que España esté muy lejos del lugar que le corresponde en implantación y uso de las nuevas tecnologías.

Como nos preocupan sobremanera, quizá más que ninguna otra cosa, los reiterados informes que muestran el deterioro de nuestro sistema educativo, que es la variable estratégica número uno del progreso de un país en la sociedad que llamamos del conocimiento.

Pero para nosotros la modernidad también tiene que ver, por ejemplo, con los derechos civiles de los ciudadanos. Me refiero a aquellos derechos que permiten a cada persona gobernar su propia vida con arreglo a sus propios criterios éticos y morales. Por ejemplo, casarse con quien quiera o no casarse, o casarse y después descasarse. Eso lo hemos llevado a la Ley y a la inmensa mayoría de los españoles, que hace tiempo renunciaron a imponer sus ideas al prójimo, le ha parecido razonable.

Creo que en estos meses hemos dado sobradas pruebas de nuestro compromiso en esta materia. Ello nos ha valido alguna polémica con la jerarquía eclesiástica. Hace poco he tenido ocasión de expresar que no sólo vamos a mantener y a cumplir los acuerdos con la Iglesia, sino que vamos a tenderle la mano para dialogar y encontrar nuevos campos de cooperación. 

A cambio vamos a pedir lo mismo que ofrecemos: respeto a la verdad, respeto a las leyes, respeto a la tarea del otro y respeto a la voluntad de tolerancia y de convivencia de la sociedad española. Y por supuesto, si es preciso que el Estado tenga en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y coopere con su representación institucional, también lo es que todos entiendan y acepten lo que dice el artículo primero del Código Civil:

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.   

La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Lo que excluye a cualquier doctrina religiosa o de otra índole como fuente inspiradora del ordenamiento jurídico. No se puede exigir que las normas jurídicas, que a todos obligan, vengan dictadas por principios religiosos que sólo vinculan a quienes los profesan.

La Iglesia Católica está en su derecho de pedir a sus fieles que renuncien al uso del preservativo, aunque quizá debería pensar por qué ese tipo de recomendaciones antediluvianas producen un efecto nulo en los hábitos de la población. Lo que no puede pretender es que el Estado renuncie a su obligación de velar por la salud pública y prevenir la enfermedad. 

IV. EL PARTIDO

Podemos hablar también, para terminar esta ya larga intervención, de una modernidad política.  Este concepto de modernidad política quiere impregnar el trabajo del Partido Socialista y de su organización en esta etapa de gobierno.

Hay valores como la verdad, la sensibilidad por lo que la gente desea y teme, el respeto por los que son y piensan distinto, valores básicos de la convivencia que han adquirido un renovado valor político, especialmente para los jóvenes.

De la misma forma, el Partido Socialista tiene que recuperar en su acción política, como elementos de modernidad, conceptos que están en lo mejor de su tradición: por ejemplo, la comunicación directa con los ciudadanos o la movilización social.

Vivimos en una sociedad que demuestra todos los días su capacidad de automovilización en torno a todo tipo de causas de signo solidario y progresista. Y sin embargo, esa misma ciudadanía solidaria y progresista que se moviliza cada vez más y mejor para defender aquello en lo que cree o simplemente aquello que le conmueve, muestra una preocupante tendencia a la abstención en las urnas. En algo estamos fallando. Nuestra tarea es sumarnos a esa onda de movilización de la sociedad y transformarla también en participación democrática.

Olvidemos definitivamente cualquier ensoñación vanguardista: la vanguardia social está en la propia sociedad y nuestra misión es acompañar a la gente en sus inquietudes. Y también, naturalmente, servir de cauce eficaz que traslade el interés ciudadano a decisiones políticas coherentes entre sí. No otra cosa es un proyecto político basado en el interés general. Porque si algo ha dejado claro la sociedad española es que no está dispuesta a otorgar cheques en blanco a nadie ni a confiar en quien no confíe en ella y la escuche todos los días.

Todo lo cual, como es evidente, conduce a la exigencia de un nuevo modelo de partido y, sobre todo, de un nuevo modelo de comunicación política. 

Termino. El socialismo de los ciudadanos del que habló José Luis Rodríguez Zapatero en nuestro último Congreso  no es una mera frase, sino una idea potente, llena a su vez de ideas.  Una idea cuyo significado último se comprende mejor si simplemente le añadimos un verbo para afirmar que el socialismo es de los ciudadanos. Y el cambio, también.

Por lo demás, a veces pienso que quienes estamos en la política y nos enredamos con demasiada frecuencia en discusiones nominalistas, deberíamos seguir el sabio consejo de don Manuel Azaña:

Nosotros debemos proceder como legisladores y como gobernantes y hallar la norma legislativa y el método de gobierno que nos permita resolver las antinomias existentes en la realidad española de hoy; después vendrá la ciencia y nos dirá cómo se llama lo que hemos hecho.

Muchas gracias