Afirma que el Consell retrasa "premeditadamente" la aplicación de la nueva norma.

Sanmartín denuncia que la Generalitat ´boicotea´ la ley estatal de Dependencia

El secretario general de los socialistas en la agrupación de Els Ports-Maestrat y diputado autonómico, Adolf Sanmartín, acusó ayer al Consell de "boicotear" la Ley de Dependencia. Según manifestó, el PP "esconde las transferencias del Ministerio de Trabajo con el objeto de dar una imagen de que el gobierno central no invierte en nuestra comunidad".
El diputado socialista reprochó que los populares "retrasen premeditadamente la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, ya que no ha convocado el consejo interterritorial, con lo que se margina a las asociaciones". Sanmartín apuntó que "los alcaldes están pidiendo que se constituya esta entidad, que ya está aprobada por decreto, para tener voz y voto y saber cuántos dependientes hay y en qué situación están en sus respectivos municipios".
Adolf Sanmartín lamentó que "se recortan las partidas presupuestarias a las que se debería hacer frente de acuerdo con el principio de corresponsabilidad financiera". Así, explicó que el Estado aporta 85 millones dentro de los presupuestos de 2008 para la Comunitat Valenciana y en los presupuestos de la Generalitat "sólo aparecen 64 millones de euros, de los cuales 32 los ha de financiar el Estado". El socialista manifestó que el Consell "no utiliza el dinero de Madrid para crear nuevas plazas de dependientes o para contratar cuidadores a domicilio, sino para pagar plazas de residencia de la tercera edad ya existentes, con lo cual se ahorra parte de lo que tendría que aportar".
Beneficiarios
Unas 40.000 personas de la provincia de Castelló con algún grado de dependencia esperan a que la Generalitat ponga en marcha los procesos de evaluación para que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pueda concederles las atenciones a las que tienen derecho desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.
Los socialistas vienen criticando "la escasa diligencia de la Generalitat" a la hora de evaluar los distintos grados de discapacidad y piden al Gobierno valenciano que disponga de forma urgente los medios para que los ciudadanos puedan beneficiarse de las ayudas a las que tienen derecho.
Los beneficiarios de la ley no son los únicos perjudicados por la actitud de la Generalitat, según el PSPV. Apuntan que la administración valenciana está impidiendo la creación de los miles de puestos de trabajo que requiere la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Dependencia.