Boicot del PP a los jóvenes valencianos
Sólo se aprueban el 4,6% de las solicitudes en la Comunidad Valenciana, que es la que más requisitos adicionales exige
El Gobierno de España aprobó la creación de la Renta Básica de Emancipación dentro del Plan para el fomento del Alquiler y la Emancipación, regulada por el RD 1472/2007 y por el Convenio suscrito entre el Ministerio de la Vivienda y la Generalitat Valenciana. Esta renta incluye una ayuda directa de 210 € mensuales a percibir durante un máximo de 4 años, un préstamo de hasta 600 € para la fianza, y un pago de 120 € para el coste financiero del aval.
La Generalitat Valenciana es la administración encargada de la gestión y tramitación de la Renta Básica de Emancipación, siendo sufragada y pagada por el Gobierno de España. Lamentablemente, la Generalitat está más pendiente de seguir la agenda electoral de Rajoy que de atender los intereses legítimos de los jóvenes valencianos.
Tras un mes de vigencia de la medida, solo el 4,6% de los jóvenes de la Comunidad que han solicitado las ayudas al alquiler durante el mes de enero las percibirán. La Generalitat ha modificado en dos ocasiones el formulario tipo para la solicitud de las ayudas y es la que más requisitos adicionales exige a los jóvenes: 17. Andalucía exige 3 y Cataluña exige 6. La Generalitat no debería pedir documentación extraordinaria que puede solicitar de otras administraciones.
La nuestra es la Comunidad que más dificulta el acceso de los jóvenes a dichas ayudas. Un joven que reside en la Comunidad tiene más difícil acceder a un proyecto de vida autónomo que un joven que vive en cualquier otra parte de España. El PP no solamente no estimula el acceso de los jóvenes a la vivienda, sino que lo dificulta. El plan valenciano de acceso a la vivienda ha visto reducido su inversión en un 75% y se ha ejecutado en un 1,9%. Es evidente que el acceso a la primera vivienda no figura entre las prioridades del PP.
La medida del Gobierno de España tiene por objeto paliar los principales obstáculos que afrontan los jóvenes que quieren emanciparse, y en particular el elevado importe de la renta de alquiler, que en el caso de la Comunidad Valenciana ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años.
El número de beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación en la Comunidad es hoy de 78. Una cifra verdaderamente ridícula, comparada con los 731 de Galicia, los 372 de Andalucía o los 255 de Asturias.
La Generalitat exige formularios que solo están disponibles en dependencias de la Comunidad Autónoma y no informa adecuadamente de aspectos importantes como, por ejemplo, que no es necesario contar con el contrato de arrendamiento antes de solicitar la ayuda. Impone requisitos que suponen gastos adicionales para los jóvenes, como la obligatoriedad de aportar la Nota Simple del Registro de la Propiedad, que tiene un coste de 22 €, cuando el Gobierno de España solo exige la referencia catastral.
No es casual que las Comunidades Autónomas que menor porcentaje de solicitudes aprobadas han registrado durante el primer mes de vigencia de la medida sean Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Resulta evidente que el PP de Rajoy ha dado la consigna de frenar las ayudas para el alquiler de los jóvenes. No le interesa que los jóvenes perciban las ayudas antes del 9 de marzo. Antepone los intereses de su partido a los intereses de los jóvenes.
Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana, tres autonomías gobernadas por el PP, han planteado requerimientos de incompetencia ante el Tribunal Constitucional y han pedido la derogación de las ayudas al considerar que invaden su ámbito competencial. Lo cierto es que la doctrina del Tribunal Constitucional establece (STC 178/1998) la potestad del Gobierno de España para legislar atendiendo a la ordenación general de la economía
incluso en aquellos ámbitos competenciales que recaen en las Comunidades Autónomas.
Resulta sorprendente que la Generalitat plantee el requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Constitucional después de haber suscrito el convenio con el Ministerio de Vivienda y, después, ratifique el convenio mientras mantiene el Recurso. Si la Generalitat considera realmente que el Gobierno de España no es competente para firmar el convenio quizás lo adecuado habría sido no firmarlo o no ratificarlo. Si por el contrario considera
que el Gobierno sí es competente para firmar el convenio y acepta las ayudas, lo adecuado habría sido no presentar el recurso o retirarlo tras la ratificación del Convenio. Igual que con el trasvase del Ebro, el PP dice una cosa y hace la contraria.
El Gobierno de España estableció el formulario tipo y los requisitos que debían ser cumplimentados por los solicitantes de las ayudas y acordó con la Generalitat Valenciana la creación de 17 oficinas de ventanilla única. El Gobierno de España aportó a la Generalitat 3,6 millones € para el cumplimiento de dicho convenio, y se comprometió a subvencionar las ventanillas únicas de Valencia, Alicante, Castellón, Morella, Segorbe, Sagunto, Alzira, Requena, Ontinyent, Xàtiva, Gandía, Llíria, Dénia, Alcoi, Elx, Elda y
Orihuela. Sin embargo, la Generalitat Valenciana solamente ha dispuesto las oficinas de Alicante, Valencia y Castellón.
La Generalitat no da a conocer a los jóvenes valencianos la existencia y condiciones de la Renta Básica de Emancipación, pese a estar obligada a hacerlo en virtud del Convenio que ha suscrito y ratificado.
