PSOE E IU SE OPONEN FRONTALMENTE AL PLAN

Los ‘ajustes’ de Cospedal en Servicios Sociales y Dependencia, posible hoja de ruta de Mariano Rajoy

Marisol Pérez: “los dos planes de recortes que ha presentado Cospedal van a suponer un tijeretazo de más de 2.100 millones"

Enrique Pita/Agencias. Madrid

La acción de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha se está siguiendo con lupa por partidos políticos, sindicatos y diferentes agentes de la vida pública al considerar que la región manchega podría ser el banco de pruebas que el PP está utilizando para poner en marcha las políticas que más tarde se aplicarán a nivel nacional. En este sentido, la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que Cospedal presentó el pasado día 2 de diciembre ha levantado las suspicacias. De acuerdo con este documento, sólo recibirán ayudas las personas y familias con rentas más bajas, siempre y cuando no reciban otras ayudas públicas incompatibles, mientras que en los centros de mayores y menores, personas con discapacidad o dependencia “sólo se financiarán las plazas ocupadas y no las reservas de plaza”, al tiempo que se examinará el baremo aprobado por el Gobierno central con relación a los grados de la dependencia.

María Dolores de Cospedal

“Si queremos proteger a los más débiles y a aquellos que más necesitan tenemos que hacer sacrificios de forma temporal”, aseguraba la presidenta castellano-manchega durante la presentación del Plan. El objetivo, explicaba, es “dar buen uso a los recursos de todos los ciudadanos de forma prioritaria y de forma solidaria”. Estas medidas, sumadas a las que ya se han tomado en el ámbito sanitario, suponen en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales un ahorro de 834 millones de euros para 2012, que se suman a los 103,6 que ya se han ahorrado en el año 2011, “sin hablar de ninguna fórmula de copago”, remarcaba.

Los partidos de la oposición y los sindicatos se han mostrado contrarios a este plan al considerar que podría ser la política que va a seguir el Gobierno que Mariano Rajoy presidirá durante los próximos cuatro años. Así, Cayo Lara, coordinador general de IU, ha expresado, en el curso de una entrevista en Radio Nacional, su temor a que el modelo de ajustes de Cospedal sea el que aplique Mariano Rajoy en el Gobierno de España. “Por aquí puede ir la agenda del PP en la aplicación de la Ley de Dependencia”, han señalado fuentes del IU a esta publicación.

Desde la federación castellano-manchega de IU también se han criticado estas medidas. Así, el coordinador regional de la formación, Daniel Martínez, ha manifestado que con estos recortes el Gobierno regional “liquida” los servicios sociales más básicos y ha responsabilizado también al Partido Socialista porque ambos “acordaron modificar la Constitución para que lo prioritario fuera el pago de la deuda y no los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, ha señalado su “sincera convicción” de que Cospedal “cumple su papel de número dos del PP anticipando los planes de Rajoy”, y asegura que “en solo seis meses de gobierno la única acción que se le conoce a Cospedal es dinamitar el Estado del Bienestar y vender o regalar el patrimonio que entre todos en tantos años y con tanto esfuerzo hemos construido: privatizar la sanidad, dejar herida de muerte a la educación pública, convertir los servicios sociales en la beneficencia de los años 60 o insinuar el copago”.

Cayo Lara y Marisol Pérez.
“Error gravísimo”

Los recortes tampoco convencen en el sector profesional. Así, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, no entiende estos recortes, que califica de “error gravísimo”. Según ha explicado a esta publicación, hasta la llegada de Cospedal, Castilla-La Mancha era una de las autonomías modelo en la aplicación de la Ley de Dependencia. “Funcionaba realmente bien, aunque había algunas cosas que corregir, pero desde que gobierna Cospedal se advierte un retroceso, se ha paralizado la aplicación de la Ley y la prestación de servicios”.

En este sentido, la secretaria de Bienestar Social del PSOE coincide con Ramírez. Así, asegura que “los dos planes de recortes que ha presentado Cospedal van a suponer un tijeretazo de más de 2.100 millones. Esto explica por qué en Castilla-La Mancha cada vez hay menos personas a las que se reconoce el derecho a la dependencia o a que quienes ya lo tienen reconocido no reciban las prestaciones, cuando siempre fue una de las autonomías de referencia en el cumplimiento de la Ley”.

Desde la Fundación Edad & Vida, su director general, Albert Vergés, afirma que “podemos estar de acuerdo en que tal y como va la Ley hay que revisarla para ver dónde se están produciendo desequilibrios, que existen varios, como la aportación del usuario, la laxitud de los programas individuales, y a partir de ahí, definir las prioridades en el conjunto del Estado a partir de unos acuerdos básicos”.

Pero entre las medidas propuestas por Cospedal aparece hacer entrega de ayudas a las personas y familias con rentas más bajas, siempre y cuando no reciban otras ayudas públicas incompatibles. “No creo que haya que ir en ese sentido”, dice Vergés, que explica que “lo que hay que hacer es aplicar lo que dice la propia Ley, que habrá un sistema de participación económica por parte del ciudadano en función de renta y patrimonio. La Ley iba acompañada de una memoria económica que decía claramente que la aportación por parte del usuario sería aproximadamente un 33 por ciento de media, lo que quiere decir que hay gente que por su capacidad económica pagaría el 70 o el 80 por ciento, y hay gente que no pagaría nada porque no tiene nada”.

Modificar los baremos

Una de las medidas más chocantes del plan de Cospedal es, a tenor de las opiniones recabadas, el anuncio de revisar y modificar los baremos de valoración del grado de dependencia. Y es que, según explica Ramírez, “Cospedal no puede cambiar el baremo de los grados de dependencia en Castilla-La Mancha, a no ser que hable no como presidenta de la región sino como secretaria general del PP”.

José Manuel Ramírez (izquierda) y Albert Vergés.

“Los baremos son el único acuerdo de carácter nacional que existe. El baremo es un acuerdo común del Consejo Territorial de la Dependencia como baremo único en todo el Estado. Por lo tanto, esa revisión debe hacerse en el seno del Consejo y debe ser adoptado por el conjunto de las autonomías, a menos que modifiquen la Ley. Lo que es evidente es que el baremo por Ley es único para el conjunto del Estado, y ninguna comunidad puede cambiar las reglas de juego sin que haya un acuerdo del Consejo Territorial”, explica Vergés, que sin embargo considera necesario repensarlo, porque no ha sido igual en todas las autonomías. “Aseguraría que existen personas de grado III que tendrían otra valoración en otra comunidad, eso no tiene sentido cuando hay un baremo único”.

Elegir entre dos modelos

Sea como sea, el temor a que esta sea la hoja de ruta que aplique el PP cuando desembarque en el Gobierno central preocupa a oposición, sindicatos y prestadores privados de servicios. Según explica Ramírez, el PP tiene que decidir entre dos modelos de aplicación de la Ley que representan, casualmente, dos autonomías gobernadas desde hace años por el propio Partido Popular. “Por un lado está Castilla y León, que presenta unos magníficos números a nivel estadístico y que aplica la Ley realmente bien, de forma modélica, y por otro la Comunidad Valenciana, que parece el modelo que han asumido Castilla-La Mancha y Aragón, que aboga por retrasar los pagos o aumentar el limbo de la dependencia, entre otras cosas”.

“Cospedal se da cuenta de que con la situación económica que tenemos debe haber un replanteamiento de la Ley. En esto estamos de acuerdo, pero el año pasado el propio Parlamento solicitó al Gobierno una revisión de la Ley para solucionar los problemas que presentaba su aplicación y esta valoración ni ha sido discutida ni se han hecho propuestas de cambio. Creo que es necesario. Eso no debe considerarse como negativo, sino que la situación es distinta que cuando se aprobó la Ley, el envejecimiento de la población es implacable y ante esto hay que revisar la Ley para que sea lo más equitativa y más justa posible”, explica Vergés.

Por su parte, Marisol Pérez afirma que, si bien “Rajoy aún no ha detallado cual va a ser su hoja de ruta en los recortes”, pero todo apunta en la misma dirección, “permitiendo este tipo de actuaciones y las que están desarrollando en Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana nos transmite lo que hemos venido denunciando en campaña, que se trata de un plan trazado desde hace tiempo, que no cuentan pero que implantan”.

En definitiva, tras el plan de la presidenta de Castilla-La Mancha se abre un interrogante que expone el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez: “deben valorar si la Ley de Dependencia es un gasto que hay que recortar o si es una inversión que genera empleo y riqueza”.