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23 Noviembre 11
El pasado 16 de noviembre celebramos un café tertulia con el Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, para hablar sobre las perspectivas financieras de la Unión que discuten las Instituciones para el período 2013-2010. La charal se extendió a los problemas de la prima de riesgo y a las discusiones que tienen lugar en el Consejo de la UE.
El debate lo abrieron los compañeros Julio Guzmán y Gabriela Hernández. El primero informó sobre el estado del debate sobre las perspectivas financieras, que el Parlamento Europeo considera negativas e insuficientes. Gabriela indicó la insuficiencia de los recursos de la política regional y lo erróneo de los nuevos criterios de distribución de fondos, que priman a las regiones urbanas y más ricas.
Diego López Garrido describió las posiciones de los Estados ante la propuesta. Los más proeuropeos defienden una subida del presupuesto del 5%; los euro escépticos piden reducciones. Lo más probable es que el presupuesto se mantenga en un volumen del 5%. También se refirió a la estrategia que siguen los 14 países que quieren que se mantenga en términos similares a los actuales el Fondo de Cohesión. España se encuentra en una situación particular puesto que muchas de nuestras regiones, Andalucía, Castilla La Mancha y Galicia dejan de ser prioritarias y dejarían de recibir fondos al ser su renta superior al 75% de la media de la UE. La propuesta española es establecer un régimen transitorio que permita a estas seguir recibiendo fondos.
Se aprovechó el debate para discutir sobre la crisis financiera. Ese día se preparó la agenda de trabajo del Consejo del próximo 9 de diciembre. Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de modificar el Tratado; al menos así lo reconocen los Estados de la zona euro. El principio que inspiraría la reforma sería otorgar al Banco Central Europeo de competencias para intervenir cuando lo requiera la estabilidad del mercado de deuda pública. Se aprovecharía la firma del Tratado de Adhesión de Croacia para introducir el correspondiente cambio legal, proceso que duraría un año. Entretanto, se dotaría un fondo especial que permitiera al Banco Central intervenir cuándo fuera necesario y en la medida requerida por las circunstancias.
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