El PSC-PSOE exige al Gobierno que depure responsabilidades políticas y patrimoniales por el error causante de 57 despidos en el Maritim

Gloria Gutiérrez y Lola Padrón piden soluciones inmediatas para estos 57 trabajadores que se han quedado en el paro por un error administrativo de la Consejería de Empleo

El PSC-PSOE, a través de su portavoz parlamentaria de Empleo, Gloria Gutiérrez, exige al Gobierno de Canarias que depure responsabilidades políticas y patrimoniales por el error administrativo que ha causado el despido de 57 trabajadores del Hotel Maritim, en Los Realejos. “El cargo público que ha causado este estropicio debe responder con su propio patrimonio, porque ya está bien de que sean los ciudadanos quienes tengan que pagar los muchos supuestos errores de este Gobierno: Tebeto, Montaña Rayada y, ahora, el Maritim, errores cómplices que benefician a particulares en detrimento de las arcas públicas”, expresa.

La diputada ya ha exigido una solución inmediata para estos 57 trabajadores que se han quedado en el paro por un error administrativo cometido por la Consejería de Empleo, consistente en haber rechazado el ERE de la compañía fuera del plazo estipulado de 15 días. Gutiérrez recuerda que los propietarios del establecimiento presentaron en agosto pasado expediente temporal de regulación de empleo que, aunque fue rechazado por la autoridad laboral, que dio la razón a los empleados, lo hizo fuera del plazo de 15 días, de tal forma que la empresa recurrió la medida y se anuló la resolución a favor de los trabajadores.

Gutiérrez subraya que el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, “prometió a los trabajadores que examinaría el expediente con lupa, pero usó la lupa de la connivencia que machaca a los trabajadores y beneficia a la empresa, en plena crisis social y de desempleo”. Así, acusa al consejero de, “con su inactividad, ser el responsable de haber enviado a 57 trabajadores más al paro, pese a que su obligación es promover el empleo y no destruirlo”.

La representante socialista hace hincapié en que la empresa incumplió el acuerdo suscrito con los trabajadores el 5 de marzo de 2009, por el que éstos renunciaban a la bolsa de vacaciones y aplazaban el percepción de la pagas extras a cambio de que la representación del hotel no presentara el ERE. Añade que la Dirección General de Trabajo se había pronunciado en contra con un informe demoledor, negando las dificultades económicas alegadas por la empresa.

“Es más, se conocía que la empresa ha solicitado la correspondiente licencia para invertir más de 30 millones en las cercanías del hotel, pero la inactividad de la Consejería de Empleo le ha supuesto a la empresa un beneficio indebido, a costa de los derechos de los trabajadores, de más de 300.000 euros”, insiste.

DESIDIA Y ABANDONO

En este sentido, la diputada Lola Padrón exige que se estudie la viabilidad de la apertura de un expediente sancionador a la empresa, tal y como plantea en su informe el jefe de Servicio de Turismo del Cabildo de Tenerife, y que se paralice el desmantelamiento del Maritim para su uso residencial. “De lo contrario, este Gobierno será cómplice directo de dejar en la calle a estos trabajadores y propiciar que el Norte de Tenerife vaya languideciendo con esa pretensión de introducir este modelo por la puerta de atrás”.

Añade que en el informe del jefe de Servicio de Turismo del Cabildo se advierte que se puede estar incurriendo en irregularidades o incluso en una ilegalidad, porque se rompe con el principio de unidad de explotación. Padrón pregunta cómo es posible que se pretenda vender el hotel si no existen los acuerdos necesarios de los propietarios que así lo permitan.

Asimismo, rechaza que la empresa invierta 30 millones de euros en la construcción de villas en Los Realejos tras haber despedido a estos trabajadores con el argumento de no poder hacer frente económicamente a sus salarios. La diputada socialista critica la “desidia y abandono” del Gobierno de Canarias ante esta situación que están padeciendo muchos establecimientos turísticos de Puerto de la Cruz, por lo que pregunta si quizás el problema esté en que el propio Ejecutivo no quiere que el municipio continúe siendo destino turístico.