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10 Marzo 09
Una eterna reivindicación de todos los colectivos de personas con discapacidad o diversidad funcional ha sido la de disponer de los recursos económicos suficientes para llevar a cabo las actividades previstas en sus programas, sin verse obligados a rendir pleitesía de gratitud al administrador circunstancial del dinero público.
La construcción de una red pública de servicios sociales, iniciada por los equipos de Joan Lerma, fue desmantelándose desde que accedió al poder la derecha valenciana con Zaplana y luego Camps. Desde entonces, el objetivo privatizador ha invadido todos los rincones valencianos, tanto de servicios sociales como de cualquier otra clase. Los "políticos/empresarios" del PP tan solo piensan en pagar con fondos públicos de la ciudadanía para dar servicios a esos mismos ciudadanos. Hay que resaltar que suele elegirse los servicios más caros y de menor calidad. Y es obvio apuntar que esas empresas de servicios -aparecidas como tiburones al olor de la sangre- tienen un altísimo ánimo de lucro.
El único reducto libre del ánimo de Lucro son las asociaciones constituidas por los propios afectados o familiares y voluntarios. Sin embargo son éstas las peor tratadas, las abandonadas, las peor subvencionadas y las sojuzgadas al clientelismo, a pesar de ser una alternativa indiscutible y complementaria de la frustrada red pública socialista. Lo cierto es que cada año tienen que mendigar unas miserables subvenciones y renovar su promesa de sumisión; a lo que algunas se niegan, pasando a engrosar el cajón de las denegaciones. Alguna presidenta de asociación me ha confesado: “Pero... ¿cómo les digo a mi gente que la Dipu o el Ayuntamiento no me dan nada?" Ah, y no estamos hablando de las antípodas. Hablamos de Castellón; hablamos de los dirigentes del PP; hablamos de las asociaciones de la ciudad y Provincia. Por eso, pido aquí que se ayude a las asociaciones de personas con discapacidad por derecho, no por electoralismo interesado, no por paternalismos trasnochados.

