Miguel Á. Guillén, Secretario de Organitzación de la Agrupación Municipal de Castellón.

ARTICLE D'OPINIÓ

Políticos y jueces

Opinió de Miguel Ángel Guillén, Secretari d'Organització de l'Agrupació Municipal del PSPV-PSOE de Castelló publicada en el Levante de Castellón.

Los políticos gobiernan (o hacen oposición, según donde les ha situado la voluntad popular), y los jueces deben de encargarse de que quienes nos gobiernen lo hagan dentro de la legalidad.

La actualidad nos está demostrando que los excesos, abusos, aprovechamientos e ilegalidades varias cometidas por nuestros políticos son cada vez más, sobre todo cuando nos movemos en la Administración local y en esa peligrosa competencia que es el urbanismo, tan nefastamente gestionada por algunos “políticos” locales al amparo de la sufrida autonomía local.

Los responsables políticos (los ejecutivos, los que tienen poder) tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes, esas que otros compañeros políticos (los legislativos) han aprobado. El político, en general, por razón de la alta responsabilidad pública que desempeña y de la confianza que los ciudadanos han depositado en él, está obligado a dar ejemplo de cumplimiento de las normas, es más, de lo contrario, ¿con qué legitimidad exigirá su cumplimiento al resto de ciudadanos, llegando incluso a sancionarles cuando no lo hagan?

Y para el caso de que un político se salte la ley, está el juez, a quien corresponde determinar la legalidad o no de la actuación del político (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), debiendo condenar siempre que sea preciso, ya que son los garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, esos derechos tantas veces agredidos por los abusos políticos y tan necesitados del amparo judicial.

Es por ello que no se entiende esa insumisión civil y desobediencia a la autoridad judicial (que podría conllevar incluso responsabilidad penal) en que se ha instalado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, haciendo caso omiso a la Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula la aprobación definitiva del PGOU del año 2000. Las sentencias obligan desde que se dictan y notifican, máxime si es un poder público el destinatario que, como decíamos, debe predicar con el ejemplo. Para nada hay que dejar transcurrir un plazo de dos meses para ejecutarla, pues precisamente transcurrido este plazo es cuando se puede instar la ejecución forzosa, forzosa por no haberla cumplido antes quien venía obligado a ello, en este caso no sólo la Generalitat si no también el Ayuntamiento. Por ello, resulta cuanto menos curioso el contenido de ese informe “jurídico” en el que el equipo de gobierno se ha basado para, precisamente, no cumplir la Sentencia.

Pero si a los jueces corresponde garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los abusos e ilegalidades de los políticos, en no pocas ocasiones, la propia ineficacia de la justicia (por no hablar de la dejadez de algunos jueces, no sea yo el condenado), hace que no sólo no se garanticen esos derechos, sino que nuevamente se vean vilipendiados, esta vez por la propia Administración de Justicia.

De ser cierto lo que leemos en la prensa, ¿cómo se entiende que, en el caso Fabra, el informe de Hacienda esté atascado porque algunos bancos lleven dos años negándose a facilitar la información requerida? Existen mecanismos procesales más que suficientes para que los Jueces responsables de la instrucción obliguen a facilitar dicha información, entre otras razones, porque esta actitud obstruccionista puede llegar a ser delictiva. Y si el Juez no cumple con su obligación, ¿dónde está el Consejo General del Poder Judicial? Su Vicepresidente ya sabemos que acusando al juez Garzón de rozar la prevaricación (veremos si se pronuncia en los mismos términos para el caso de que De la Rúa no se abstenga por su manifiesta amistad con Camps), al tiempo que se reunía con posibles imputados, sin que las asociaciones de jueces, tan reivindicativas que llegaron a convocar una huelga o pedir la dimisión del ex ministro Bermejo, hayan salido a defender este grotesco ataque a la imparcialidad judicial precisamente por quien más está obligado a garantizarla.

¿Y el asunto del inflado de los censos electorales, tan generalizado en nuestra provincia en las pasadas elecciones municipales? Ahora resulta que la Fiscalía nos dice que ha pasado demasiado tiempo para poderlo investigar Y hasta ahora, durante los dos años transcurridos, ¿qué se ha hecho? Por no hablar de los archivos decretados por los jueces encargados de algunas de las investigaciones: en Argelita por no haberse consumado el delito y en Cabanes porque habiendo delito no hay autor conocido. Quizás debería haber recurrido a los investigadores del CSI.

En fin, que los jueces deben protegernos a los ciudadanos de los abusos y chorizadas de los políticos, pero, en este caso, si el control judicial falla, aún nos puede quedar el arma del voto (siempre que el inflado del censo no altere la voluntad popular, claro está), pero ¿y quién nos protege de la ineficacia y apatía de algunos jueces?; porque a estos no los elegimos, y su pasividad (por no hablar de dejadez) ante determinados asuntos hace que queden impunes conductas políticas reprobables e ilegales. En definitiva, y en mi opinión, claro está, algunos derechos de los sufridos ciudadanos siguen pisoteados por los políticos ante la falta de una respuesta pronta y adecuada por parte de los jueces. Y yo me pregunto ¿hasta cuándo?.