Sí a combatir la desigualdad

Las consecuencias de la crisis económica no se han repartido de forma justa pues han generado ganadores en las clases más favorecidas y perdedores entre los más humildes.

La ciudadanía ha visto cómo sus salarios disminuían, perdían los empleos, sus hijos emigraban, al tiempo que se incrementaban las dificultades para mantener la educación en condiciones no discriminatorias de sus hijos, su salud se resentía, perdían los apoyos para atender a sus dependientes o para hacer efectiva la integración real de las personas con discapacidad. Nada extraño resulta que la suma de todo ello haya generado sensación de abandono, desconfianza en los poderes públicos y autoexclusión de la convivencia colectiva.

Una sociedad que permite grandes diferencias socioeconómicas entre sus ciudadanos, es una sociedad que no se respeta a sí misma  pero es también una sociedad que limita gravemente sus capacidades económicas. Atajar esta dimensión de la desigualdad requiere un decidido combate del fraude fiscal y, sobre todo, una política impositiva progresiva que asegure la contribución a la financiación del Estado del bienestar de los que más tienen.

Como resultado de los recortes y de las políticas conservadoras, la igualdad de oportunidades ha disminuido y, con ello, se han limitado gravemente las posibilidades para la movilidad social. Estos años se ha roto aquella ecuación que decía que si te esforzabas en la vida, obtendrías un empleo digno. Y que si tenías un empleo digno, eso se acompañaría de un salario digno que permitiría desarrollar un proyecto de vida. Esta cadena se ha quebrado y la gente no ve recompensa por sus esfuerzos.

Particularmente grave es que la educación, que había sido durante años el ascensor social más relevante, se haya visto atacada por políticas que han perseguido hacer de la desigualdad algo estructural en un mundo en el que la formación y el conocimiento ya son exigencias radicales para la obtención y conservación de un puesto de trabajo.

La desigualdad en la educación, en la atención a la infancia, en el acceso en condiciones no discriminatorias a la sanidad, tiene efectos hoy pero también hipoteca el desarrollo de la vida.

Por todo ello, combatir la desigualdad, en todas sus manifestaciones, exige una actuación decidida y urgente. Los ciudadanos reclaman que se les restituyan en la integridad sus derechos y los poderes públicos deben proceder a una actuación urgente que siga las siguientes líneas esenciales:

• Reforma fiscal basada en principios de justicia y equidad, proporcionalidad, contribución adecuada de las rentas del trabajo y la riqueza y que proporcione recursos para el funcionamiento de las Administraciones y la dotación de prestaciones suficientes por los grandes servicios públicos (Educación, Sanidad, Atención a la Dependencia, Servicios Sociales), promueva la transición hacia un nuevo modelo económico y que no permanezca ciega ante el coste social de la degradación ambiental y la carga que supone para las arcas públicas. Una reforma fiscal que mantenga la tarifa del IRPF para las rentas medias y bajas e incremente la de las rentas del capital, prevea una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades, establezca un mínimo común en los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio y reduzca el IVA cultural y alcance, al menos, el peso promedio que tiene la fiscalidad ambiental en los países OCDE. Una reforma fiscal que sancione ejemplar y eficazmente el fraude fiscal, excluya definitivamente las amnistías fiscales y persiga los paraísos fiscales. Se aprobará en el plazo máximo de seis meses.
• Subida inmediata del Salario mínimo en un 4% para alcanzar el 60 % del salario medio neto en dos legislaturas en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea
• Dotar de estabilidad a la ordenación y contenidos formativos del sistema educativo mediante un Acuerdo social y político por la educación, que, en el plazo de seis meses, incluya ampliar y reforzar el derecho a la educación con la progresiva universalización del escolarización de los 0 a los 18 años, extender la etapa 0-3 años, reconocer las becas como derecho, creación de un Sistema Integrado de Formación Profesional que incluya 200.000 nuevas plazas de FP. Nuevos horizontes formativos: valores y comportamientos cívicos, cultura del esfuerzo, protección de recursos naturales.
• Aprobar, en el plazo de ocho meses, un Estatuto del Artista y el Creador para atender a la profesión cultural como una realidad específica que refleje la intermitencia en la contratación y la cotización, de contingencias de salud, maternidad, jubilación o desempleo. Asegurar la protección efectiva de la propiedad intelectual.
• Recuperación del Sistema Nacional de Salud. Restituir el derecho de ciudadanía a la atención y cobertura Universal de Sanidad. Reforzar sus valores como servicio público, universal y de acceso gratuito. Revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad con el fin de evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para pensionistas, parados y colectivos en situación de riesgo socioeconómico. Dotar de una tarjeta sanitaria común para todo el territorio nacional que permita el acceso a la historia sanitaria y la receta electrónica. Mantener el derecho a la asistencia sanitaria a quienes emigran de España.
• Recuperar la atención a las personas en situación de dependencia, derogando el incremento del copago introducido en esta legislatura y asegurando la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado, y la creación de empleo de calidad. Incorporar con carácter inmediato al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares.
• Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones. Garantizar su financiación de los PGE con el establecimiento de una contribución impositiva. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
• Estrategia para la conciliación y la corresponsabilidad, con medidas que incluyan la racionalización de horarios laborales (Sello de Horario Racional), la coordinación con horarios escolares, el reparto justo de las tareas domésticas y el incremento definitivo de los permisos de paternidad, equiparados a maternidad e intransferibles.
• Nueva ley de familias, que tenga en cuenta la nueva realidad, especialmente las familias monoparentales. Estrategia frente a la violencia contra la infancia.
• Impulso a la supresión de barreras que condicionan la vida y las posibilidades de integración completa de las personas con discapacidad.
• Recuperación, en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, de los recursos destinados a la integración de los inmigrantes en España y su acceso en condiciones de equidad a los servicios y prestaciones públicas.