Sí a la reforma de la constitución

Se ha repetido muchas veces, pero sigue siendo cierto: la Constitución Española nos ha proporcionado los mejores años de nuestra historia.

No sólo protege nuestras vidas con el más amplio catálogo de derechos y libertades que hemos tenido nunca sino que, bajo el funcionamiento normal de las instituciones. También ha permitido una descentralización del poder nunca conocida. Los poderes públicos han podido desempeñarse en sus respectivos ámbitos con autonomía e independencia. Y, bajo el funcionamiento normal de sus instituciones y la actuación de sus Administraciones Públicas, la economía española se ha desarrollado y modernizado y se ha consolidado un Estado del Bienestar fundado en una red de servicios públicos esenciales destinados a proteger a los ciudadanos ante situaciones de riesgo y a proporcionarles educación, protección a la salud o pensiones.

Sin embargo, los treinta y siete años transcurridos desde su aprobación y, sobre todo, la incidencia en la vida cotidiana y en el ánimo de los españoles de la crisis que sufrimos, llevan aconsejando, ya desde hace unos años y con apoyo social creciente, una reforma parcial de la Constitución que cubra lagunas que en 1978 eran impensables (el hecho Unión Europea, la explosión de la sociedad de la información y el conocimiento, la globalización económica, el desarrollo mismo del Estado Autonómico) y, también, que corrija algunos problemas que los años de democracia, y especialmente los últimos, han puesto de relieve.

Una reforma de la Constitución permitiría, además, no sólo reiterar nuestro compromiso colectivo con sus principios y valores, sino que también fortalecería la identificación con ella de las generaciones más jóvenes pues no se puede olvidar que todos los nacidos después de 1961 no pudieron votar la Constitución.

Las líneas esenciales que el Gobierno seguirá para hacerla posible serían las siguientes:

  • Promover una reforma parcial de la Constitución, mediante un pacto colectivo alcanzado con el consenso más amplio posible y de acuerdo con las normas y con el procedimiento en ella previstos, que haga realidad el cambio de fondo en nuestro compromiso con una democracia avanzada, participativa y acorde con las necesidades de hoy y de los próximos decenios.
  • Constituir, en el plazo máximo de dos meses, una Subcomisión en el Congreso de los Diputados que fije el contenido inicial de la reforma.
  • La reforma debe incluir, al menos, el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, la incorporación del derecho europeo, la garantía constitucional de los derechos sociales, la salvaguarda del Estado de Bienestar en el cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria, y una reforma del modelo de Estado en sentido federal.
  • En el marco de esta reforma constitucional, y aprobado en consecuencia por todos los españoles, se acordará un Pacto político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su singularidad y mejore su autogobierno.