Sí a regenerar la democracia

No hay desafección ciudadana hacia la política: hay irritación y descontento por el funcionamiento de la democracia y desconfianza hacia los representantes del poder público. Este ha sido uno de los efectos, y no de los menores, de la grave crisis por la que atraviesa España desde hace años.

Recuperar la confianza ciudadana exige, ante todo, hacer partícipes reales a los ciudadanos de la acción política, fortaleciendo la transparencia, incrementando el control de los recursos públicos y publicitando su destino.

Exige, igualmente, restituir los derechos minorados en estos años y ampliar el catálogo de derechos y libertades garantizados por la Constitución.

Exige, también, la modernización de las instituciones.

Y exige, en términos radicales, poner fin a una etapa de corrupción que ha puesto en jaque la disponibilidad de fondos públicos esquilmados, ha minado la credibilidad de un Gobierno asentado en un Partido cercado por la sospecha, y hasta la evidencia, de tramas próximas a sus centros nucleares y ha sembrado de recelo los fines y los medios de la acción de los poderes públicos hasta hacer un clamor la necesidad de regenerar el conjunto de nuestro sistema democrático.

Las líneas esenciales de acción serán las siguientes:

  • Reconocimiento constitucional de los derechos sociales (protección de la salud, seguridad social, servicios sociales) y de nuevos derechos civiles y políticos (muerte digna, libertad religiosa, prohibición de toda discriminación por razón de identidad y orientación sexual, no discriminación por enfermedad, acceso a la información pública…). Supresión de las restricciones de derechos impuestas por el anterior Gobierno (prisión permanente, criminalización de las huelgas, ley de seguridad ciudadana, aborto).
  • Transparencia, publicidad y control de los gastos con fondos públicos.
  • Reforma del sistema electoral para incrementar la libertad de los ciudadanos en la elección de sus representantes y favorecer la proporcionalidad y la participación de los españoles residentes en el extranjero.
  • Supresión de los aforamientos y cese de quienes, altos cargos o representantes públicos, sean llamados a juicio por delitos en el ejercicio de su cargo.
  • Reforma inmediata del sistema de nombramientos para los órganos constitucionales y los organismos reguladores que evite su condicionamiento por los partidos y garantice su independencia.
  • Reforma de la Administración del Estado para modificar el sistema de ingreso en la función pública, devolver a los empleados públicos el orgullo por la tarea que hacen, suprimir trámites innecesarios y acortar los procedimientos, asegurar que los servicios públicos se gestionan por los poderes públicos.
  • Reforma de la Justicia: implantación de los Tribunales de instancia, supresión de tasas, garantía del sistema de justicia gratuita, plan de implantación de la Oficina Judicial y la digitalización. Fortalecimiento de la independencia del Ministerio Fiscal. Prohibición de indultos para los condenados por corrupción.
  • Reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar a las Comunidades una financiación suficiente, segura y estable, solidaria y equitativa, que permita el ejercicio de su autonomía política y asegure un trato justo a todos los españoles y españolas, sea cual sea su lugar de residencia, de manera que tengan iguales oportunidades de acceder a los mismos niveles de servicios públicos esenciales. El proceso de reforma se iniciará, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el plazo máximo de dos meses.
  • Recuperación y determinación de competencias de las entidades locales y reforma de su sistema de financiación.
  • En el plazo de tres meses, Plan de lucha implacable contra la corrupción que adopte las medidas necesarias para evitar la repetición de estas conductas, investigue y sancione a los corruptos con penas más elevadas y prohibiciones de desempeñar cargos públicos, percibir subvenciones y ayudas y contratar con las Administraciones, les obligue a devolver lo que hayan obtenido ilegalmente y asegure la protección ante toda represalia contra los denunciantes.
  • Consolidar y cumplir los Pactos contra el terrorismo.