Sí a una Europa social y democrática

Desde el inicio de la crisis económica, la Unión Europea está inmersa en una sucesión de crisis,  de distinta naturaleza, que se solapan y potencian en sus efectos desintegradores de la Unión como proyecto político.

La crisis del euro ha ampliado la distancia, económica y emocional, entre el norte y el sur, entre los países menos y más endeudados, o entre los que tienen más o menos capacidad productiva o competitividad, lo que ha erosionado la idea misma de la convergencia económica y social entre los Estados Miembros.

La crisis migratoria, además de mostrar la incapacidad de la Unión de hacer aplicar en todas partes una política común de asilo y de reubicación de refugiados, ha exacerbado el retroceso hacia el nacionalismo, provocado el cierre de fronteras interiores, lo que pone en riesgo la continuidad de Schengen y el principio básico de la libertad de movimientos, además de premiar a los partidos y movimientos populistas, de derecha y de izquierda y de potenciar precisamente los proyectos antieuropeistas.

Los sucesivos atentados, además de generar una justificada alarma sobre la seguridad y de desvelar la permanente dificultad de responder conjuntamente con inteligencia e información común, y no solo parcialmente compartida, así como una estructura policial y judicial mucho más coordinadas, además de subrayar el déficit de políticas sociales dirigidas a la integración interna, han mostrado la imperiosa necesidad de tener una estrategia global de prevención de conflictos, de cooperación al desarrollo y de canales de emigración legal.

Cualquiera que sea el resultado del referéndum británico, la Unión necesita dar un giro relevante e inmediato hacia la recuperación y el reforzamiento del proyecto político, hacia una mayor integración de sus políticas, hacia un fortalecimiento de sus medios propios, presupuestarios e institucionales, para proporcionar crecimiento, empleo, protección social, seguridad a sus ciudadanos y convergencia territorial.

Ninguno de los retos que se le plantean a la Unión puede afrontarse sin políticas de dimensión europea. Ninguno de ellos puede resolverse con una amalgama contradictoria, cuando no contrapuesta, de respuestas nacionales. Sea la fortaleza de sus sistemas financieros, sea la defensa de las economías europeas frente a políticas de dumping de competidores internacionales, sea la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y contra las fiscalidades internas dañinas, sea el cambio hacia un modelo productivo descarbonizado, sea las garantías de derechos sociales en cualquiera de sus territorios, sea la erradicación de la pobreza y la exclusión, sea la seguridad de sus fronteras exteriores, sea la interlocución global. Sea, incluso, la defensa de la democracia, los derechos y las libertades en aquellos países de la Unión en los que corren en riesgo cierto de colapsar en manos de gobiernos de claro signo autoritario.

El Gobierno estará en la primera línea en ese reforzamiento del proyecto europeo, vital no solo para la viabilidad futura del mismo, sino para los intereses específicos de nuestro país, de los sectores sociales que más representamos, y para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

Líneas principales de acción:

  • Negociar una nueva senda para el cumplimiento de las obligaciones del Pacto de Estabilidad a lo largo de la legislatura.
  • Plantear, en el Consejo Europeo de otoño, la recuperación del modelo europeo como tierra de los derechos, protegiendo a quienes llegan en busca de refugio y combatiendo la xenofobia, los nacionalismos excluyentes, los radicalismos populistas.
  • Promover la democratización, la representatividad y el control de los órganos de la Unión.
  • Exigir un debate transparente del TTIP, como forma de asegurar que los acuerdos no irán en menoscabo de los derechos y garantías alcanzados.
  • Impulsar una Seguridad y Defensa Europeas.
  • Contribuir a promover el desarrollo sostenible basado en un crecimiento equilibrado, tendente al pleno empleo y al progreso social  y en un nivel elevado de la calidad y mejora del medio ambiente.
  • Extender la acción del Banco Central Europeo en auxilio y colaboración con los Estados en dificultades.
  • Proponer el incremento de los recursos y el diseño de los programas de la Cooperación al desarrollo europea.