¡Es la igualdad!

No hay una inversión más productiva que la que se destina a educación. Todos los esfuerzos son pocos cuando se trata de mejorar la formación de las personas, y nada contribuye más al progreso material y a la cohesión de una sociedad que un buen sistema educativo. Estoy convencido de que nadie medianamente sensato cuestionaría ni una sola de estas afirmaciones. Entonces, si sobre los principios básicos existe un abrumador consenso, cabría preguntarse por qué el debate sobre la educación ha alcanzado tal grado de discrepancia. La razón es bastante simple: las diferencias surgen a la hora de valorar el principio de igualdad de oportunidades; mientras que los progresistas pensamos que la equidad es un valor esencial en un sistema educativo, a la derecha no sólo no le preocupa, sino que siempre ha pensado que calidad y equidad son principios enfrentados.

Más allá de las cuestiones técnicas –el mundo de la educación, como parece ignorar el ministro Wert, es de una gran complejidad–, éste es el fundamento del rechazo del PSOE a la ley Wert, que se debate este jueves en el Congreso de los Diputados. Es una cuestión profundamente ideológica, que el PP intenta disfrazar con argumentos en apariencia objetivos. Por poner dos ejemplos: la calidad de la enseñanza no mejora en nada si se segrega tempranamente a los niños en función de sus resultados; lo que se hace es condenar de por vida a una persona que por circunstancias muy diversas, la mayoría relacionadas con la capacidad económica de la familia, no obtiene buenas notas en la primera parte de su formación. Más evidente aún es que no existe ningún criterio de calidad que avale el adoctrinamiento religioso en las aulas o la separación por sexos en las escuelas, dos de los aspectos más característicos de la reforma educativa que trata de imponer el PP en la más absoluta soledad parlamentaria.

Por si el proyecto de la ley no lo dejara lo bastante claro, el Grupo Parlamentario Popular ha venido con dos enmiendas a subrayar el carácter ideológico de la iniciativa. En una, el PP propone que el suelo público pueda cederse a instituciones privadas para construir centros. Es decir, que en toda España se aplique el modelo de la Comunidad de Madrid, de apoyo descarado a la enseñanza privada. En otra enmienda son aún más explícitos, y plantean que se suprima algo que ha permanecido en la legislación española desde 1970: que, con independencia de la institución que la imparta, la educación tenga carácter de servicio público. Esas son las verdaderas intenciones que se ocultan tras una ley cuya principal víctima será la equidad. Porque, con todas las cosas que haya que mejorar, el sistema educativo español es de los que más favorecen la igualdad de oportunidades del mundo. Por eso los socialistas nos oponemos frontalmente a que la LOMCE siga adelante. No somos los únicos: la mayoría de los grupos políticos nos hemos comprometido a que el Parlamento que surja de las próximas elecciones derogará esta desdichada ley.

  

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