Artículo publicado en "El Socialista"

El sistema financiero español: un valor seguro

Entra en la noticia para acceder al artículo de Octavio Granado, Secretario de Política y Empleo de la CEF, publicado en "El Socialista"

En una economía moderna y globalizada como la actual, la salud del sistema financiero es esencial para poder mantener una economía sana y dinámica. Para ello es fundamental contar con tres pilares básicos: diversificación de productos necesarios para cumplir la demanda, internacionalización y una institución de supervisión muy desarrollada para velar por la solvencia y que garantice los derechos de los consumidores.

Con estas premisas, la economía española ha desarrollado una industria financiera muy sólida formada por entidades diversas: por un lado, la banca tradicional; por otro, las Cajas de Ahorros, entidades de derecho público que aportan su obra social al desarrollo social del país. Esta industria se ha desarrollado después de una serie de crisis que asolaron al sistema financiero español en los años 70 y luego en los 80, pero gracias a la labor de reputación y control del Banco de España se pudieron erradicar algunas prácticas que obligaron a la intervención de un número nada desdeñable de entidades.

Con estos mimbres la sociedad española ha alcanzado un nivel de bancarización elevado, lo que demuestra el gran salto económico y financiero que ha dado la sociedad española. Fruto de él, algunas entidades son hoy parte de la élite financiera mundial con presencia en las principales economías mundiales. Este impulso ha permitido a la economía española emprender proyectos de inversión, tanto individuales, como colectivos que han propiciado que España sea hoy una de las diez potencias económicas mundiales.

En estas circunstancias, la crisis financiera internacional, surgida en EE.UU. y que se ha extendido prácticamente al resto del mundo occidental, ha trastocado los planes de expansión de algunas de nuestras entidades y ha provocado un parón en la actividad crediticia. La crisis de confianza, el incremento del desempleo y el desplome de uno de los sectores más demandante de fondos, como es la construcción, han desencadenado una recesión, más inducida que real en el caso de algunos sectores productivos. Los balances de muchas entidades se han visto perjudicados por el incremento de la morosidad bancaria, por la reducción del valor de activos reales y por cierto pánico a prestar fondos en un contexto de restricciones de liquidez, pero sobre todo con serios problemas de solvencia empresarial.

La reacción de los estamentos políticos en el mundo occidental ha sido muy diversa. Los principales países afectados, como EE.UU., Reino Unido o Alemania, pero también Francia, han tomando la decisión de entrar directamente en el capital de las principales entidades financieras comerciales, y provocar el cierre de la banca de inversión. La inyección de capital por parte de EE.UU. ha alcanzado los 400.000 millones de dólares, y globalmente se ha invertido más de un billón de dólares en las principales economías para salvaguardar la liquidez y para garantizar la viabilidad de muchas entidades. El mal uso de los derivados financieros para titulizar activos tóxicos ha estado en el germen de esta crisis, especialmente en el sector inmobiliario, que ha desencadenado el hundimiento de dicho sector, pero que también ha infectado al resto de sectores, sobre todo el de servicios, y con ello la recesión a nivel global.

El caso español se puede considerar un ejemplo en las actividades de supervisión y vigilancia de las entidades financieras. El órgano supervisor, donde hay que destacar la labor que llevaron a cabo Mariano Rubio, y particularmente Luís Ángel Rojo, impuso a la banca una férrea disciplina en materia de provisiones, especialmente las anticíclicas, que no tiene parangón en ninguna economía desarrollada. Esto, junto a la ausencia de activos tóxicos, más allá de algunos créditos de dudoso cobro, está permitiendo solventar la coyuntura con mejores armas que sus homónimos europeos y sobre todo norteamericanos. Las herramientas puestas en marcha por el Ejecutivo han sido varias, y todas ellas presas de todo el rigor y ortodoxia financiera. En primer lugar, se identificó inicialmente un problema serio de liquidez y de cierto miedo por la garantía de los depósitos. Como primera medida, el gobierno extendió el Fondo de Garantía de Depósitos hasta la cifra de 100.000 euros, lo cual prácticamente cubre el 90% de la cifra media depositada. En segundo lugar, se diseñó y se puso en marcha a través del Tesoro una subasta de activos financieros (FAF) para que las entidades pudiesen colocar activos, fundamentalmente cédulas hipotecarias, con pacto de recompra. Con esta actividad, el Estado ha colocado ya casi 30.000 millones de euros, de los que ha recuperado casi 900 millones. Por otro lado, el Estado ha abierto una línea de avales para que las entidades puedan emitir títulos en los mercados mayoristas, ya que uno de los principales problemas generados es una abrupta restricción crediticia en los mercados interbancarios europeos. Esta línea, dotada con 100.000 millones de euros, ya ha empezado a dar sus frutos, siendo las principales entidades beneficiarias las Cajas de Ahorro, lo que ha aliviado esta tensión de liquidez.

En el campo de la solvencia, el Gobierno ha apostado porque algunas entidades, las que puedan tener la ratio de solvencia por debajo de la que marca los acuerdos de Basilea, apuesten por la fusión y así poder reorganizar un mapa financiero algo sobredimensionado, pero muy alejado de los problemas de solvencia que han aparecido en otros países. Con todo, sólo una entidad, Caja Castilla La Mancha, ha tenido que ser intervenida por el Banco de España, lo cual demuestra que sólo algunas entidades, por problemas estrictos de gestión, están sufriendo de forma severa la crisis.

En resumen, el sistema financiero español ha estado bien gestionado, el órgano supervisor ha funcionado y el Gobierno ha puesto en marcha medidas tendentes a garantizar depósitos y liquidez, todo dentro de la ortodoxia financiera. Nada que ver con la nacionalización de todo el sistema financiero que asola EE.UU. o Reino Unido.