Artículo publicado en "El Socialista"

Más recursos, mejores servicios

Entra en la noticia para acceder al artículo de Octavio Granado, Secretario de Política y Empleo, publicado en "El Socialista"

El proceso de descentralización del Estado, y la consiguiente configuración del sistema de Financiación Autonómica tiene su base en nuestra Constitución, al garantizar ésta que las Comunidades Autónomas dispondrán de los recursos financieros necesarios para que puedan prestar adecuadamente los servicios públicos por ellas asumidos. De acuerdo con este principio se han ido sucediendo diversas reformas del sistema de financiación autonómica, intentando acercar cada vez más el proceso de descentralización de las competencias de gasto y la dotación de ingresos suficientes para poder llevar a cabo esas competencias, o dicho con otras palabras, facilitando cada vez más que las Comunidades Autónomas contaran con los recursos necesarios para poder prestar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía.

Con ese objetivo en mente, el Gobierno ha trabajado, desde el principio de la pasada legislatura, en una reforma del sistema de financiación autonómica que solventara las deficiencias que arrastraba el modelo hasta ahora vigente, recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y que entró en vigor en 2002. Y el resultado de todo ese tiempo de trabajo y de diálogo con las Comunidades Autónomas ha sido el acuerdo para la reforma del sistema de financiación, aprobado el pasado 15 de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Por qué era necesario un nuevo modelo?. El modelo de 2001 nació con una vocación de permanencia en el tiempo, pero en la práctica esa permanencia se hacía imposible. De hecho, con posterioridad al primer año de vigencia se detectaron desequilibrios entre los ingresos que proporcionaba el modelo, que crecían a un ritmo inferior al esperado, y las necesidades de gasto, incrementadas por el crecimiento de la población y la evolución del gasto sanitario. La evaluación del modelo ofrecía, por tanto, la conclusión de que se podía producir una capacidad diferente de prestación de servicios de las distintas administraciones, con repercusión directa en la calidad de vida y oportunidades de los ciudadanos. Así, a pesar de que el modelo anterior se había aprobado por unanimidad, las Comunidades Autónomas no tardaron en manifestar que este modelo no les servía, incluyendo aquéllas que estaban gobernadas por el PP.

La reforma pivota entonces sobre dos objetivos fundamentales que debe cumplir el nuevo modelo: por un lado, que todas las Comunidades Autónomas puedan contar con más recursos; por otro, que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales-, con independencia del lugar en que residan. A esto hay que añadir una tercera cuestión, de carácter legal, y es que en los últimos años se han aprobado las reformas de los Estatutos de Autonomía de seis Comunidades Autónomas, conteniendo dichas reformas disposiciones relativas a los regímenes de financiación que deberían ser tenidas en cuenta por el nuevo modelo.
 

Cuatro ejes

Con todo esto, la reforma del sistema se estructura en torno a cuatro ejes:

- Refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar: el Estado se compromete a incorporar recursos adicionales que permitan reforzar el Estado del Bienestar. La variable clave para calcular las necesidades de financiación será la población ajustada, siendo los parámetros de ajuste de la población los siguientes: territorio, dispersión, insularidad, población mayor de 65 años, población sanitaria protegida (distinguiéndose tres grupos: de 0 a 4 años, de 5 a 64 años y de 65 en adelante) y población menor de 18 años.

- Incremento de la equidad y suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas. Para garantizar tanto la equidad como la suficiencia del sistema se crean dos instrumentos:

o El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que servirá para garantizar a todas las Comunidades Autónomas igual financiación por habitante ajustado en relación a los servicios públicos fundamentales, no sólo en el primer año de aplicación, sino también en el futuro, ya que se revisará anualmente.

o El Fondo de Suficiencia Global, con el que se garantiza la financiación del resto de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Este Fondo estará financiado al 100% con recursos del Estado, su evolución irá ligada a la de los ingresos tributarios del Estado y servirá para mantener el statu quo.

También contribuyen a incrementar la equidad del sistema los Fondos de Convergencia Autonómica, dos Fondos de nueva creación con las siguientes características:

o Fondo de Competitividad: su función será reducir las diferencias de financiación per capita entre Comunidades. Se distribuirá entre aquéllas cuya financiación per capita esté por debajo de la media o por debajo de su capacidad fiscal.

o Fondo de Cooperación: los recursos de este Fondo se distribuirán entre las Comunidades Autónomas de menor riqueza relativa, de manera que cuenten con los instrumentos para alcanzar mayores niveles de desarrollo.

- Aumento de la autonomía y la corresponsabilidad: el nuevo sistema de financiación aumenta los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las Comunidades Autónomas (la cesión del IRPF pasa del 33% al 50%; la del IVA, del 35% al 50%, y la de los impuestos especiales, del 40% al 58%), de manera que si con el sistema actual el 70% de todos los recursos de las Comunidades provienen de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo modelo el porcentaje pasaría al 90%. Al mismo tiempo, se incrementan las competencias normativas de las Comunidades, a fin de que sean ellas las que puedan decidir la composición y el volumen de ingresos de que disponen. Por ejemplo, a partir de ahora las Comunidades tendrán capacidad normativa respecto al IRPF en aspectos como la modificación de los mínimos personales y familiares, las deducciones de la cuota o la aprobación de la escala autonómica del impuesto.
 

- Mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos: se incorpora al sistema un mecanismo de actualización de las variables que determinan la necesidad de financiación, para evitar la situación que existía actualmente, en la que el cálculo de los recursos necesarios se hacía en base a la población existente en 1999, año base del modelo de 2001. Además, como garantía adicional, cada cinco años se llevará a cabo una revisión de los elementos estructurales del sistema, a fin de detectar posibles desviaciones del mismo respecto a los objetivos iniciales.

Modelo equitativo, flexible y dinámico

En definitiva, todas las Comunidades Autónomas sin excepción mejoran con el nuevo modelo. Prueba de ello es que ningún gobierno autonómico ha pedido continuar con el modelo vigente, más bien al contrario, y tampoco ninguna Comunidad Autónoma votó en contra de la propuesta presentada en julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ello porque se trata de un modelo equitativo, flexible y dinámico, que favorece tanto a aquellas Comunidades que han experimentado un notable aumento demográfico, como a aquellas que sufren otros problemas, como la baja densidad de población o su envejecimiento.

El momento económico que atravesamos añade un valor adicional al sistema, ya que éste garantiza, en un momento de crisis económica, la financiación de los servicios públicos fundamentales del estado del Bienestar, y sienta además las bases para la recuperación económica, al aumentar los recursos de la educación y potenciar las políticas de bienestar social como nuevos yacimientos de empleo.